LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL COMO GARANTIA DEL ESTADO DE DERECHO
Abogados en alerta ante eventual Intervención del Poder Judicial
El mes de mayo del corriente año nos hemos sorprendido con un anuncio que se hizo público y que refiere a un pedido de intervención al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial se ve en la obligación de fijar su posición al respecto, manifestando su honda preocupación y alertando ante la eventualidad que se produzca un acto de esta naturaleza, el que sin duda alguna, a nuestro criterio, no es la solución a la crisis del sistema judicial por la que se está atravesando y solo lleva como resultado un grave atentado a los principios fundamentales de la vida en democracia y los republicanos de gobierno que se sustentan en la división de Poderes, el respeto irrestricto de las leyes y de los imperativos soberanos de nuestra Constitución.
Quienes pretendemos alcanzar la vida plena en democracia, no podemos consentir ningún tipo de amenazas al sistema y orden institucional. Debemos levantar nuestras voces de disgusto y desaprobación, previniendo por lo nefasto de esa inquietud.
La experiencia vivida tras cada intervención debiera habernos enseñado que este tipo de medidas terminan siendo más nocivas y perjudiciales porque en nada contribuyen a la unidad y progreso la provincia y la comunidad toda y así el “remedio” pretendido más bien resulta el “veneno” que termina matando la convivencia democrática y toda esperanza de paz, de orden social y seguridad jurídica.
La abogacía organizada es fiel defensora del Estado de Derecho, cimentado en la obediencia sublime de las leyes y a las instituciones democráticas de gobierno como garantía ciudadana. Así se ha manifestado desde sus orígenes, sosteniendo reiteradamente como premisa que: “RESPETANDO LA DIVISION DE PODERES Y EL ESTADO DE DERECHO SE RESPETA A LA REPUBLICA Y SE CONSOLIDAN LAS INSTITUCIONES” (Declaración de FACA 12/04/2012).
El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial no desconoce que el sistema judicial correntino atraviesa un grave momento, que se encuentra colapsado, con profundas y preocupantes falencias en su funcionamiento e infraestructura, con alta morosidad y retardo en la aplicación de la justicia, todo lo cual se traduce en una sensación de descreimiento por parte de la comunidad, de denegación de justicia y de inaccesibilidad.
Debemos reconocer maduramente, que la justicia toda atraviesa un estado de emergencia tal que nos exige el esfuerzo y compromiso mancomunado para revertirlo y devolver a la sociedad la confianza, respeto y esperanza en su sistema judicial.
Pero la crisis de la justicia no es solo responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. El sistema democrático y republicano de gobierno, sustentado en la división de Poderes, impone a cada uno de ellos, entre otras, la obligación irrevocable de asegurar, garantizar y afianzar la justicia para toda la población.
La Constitución Nacional y la Provincial les brinda particularmente las herramientas necesarias para alcanzar ese fin, habiéndoles dotado con justo y ecuánime equilibrio las facultades necesarias para el debido contralor mutuo de sus funciones y que se transforman en obligaciones irrenunciables e ineludibles a la hora de tener que ser ejercidas.
Pero, de las herramientas, de las soluciones que la Constitución contempla con sabiduría para enfrentar las crisis que puedan presentarse, de seguro, la más lejana, remota, escabrosa e indeseable, es la de la “intervención”. Mucho menos por parte del Poder Federal.
El Poder Judicial está en crisis. Sí. Pero de esa crisis no están ajenos ni exentos los otros Poderes del Estado quienes deben concurrir prestos, sin dilación ni pretexto alguno, desprovistos de todo interés político partidario, para superar la misma y restaurar en el marco de la ley y la Constitución la vigencia plena de la justicia como pilar fundamental del Estado de Derecho. Es tal la comunión o lazo que une a los tres Poderes que la “enfermedad” de uno afecta a todos y no se pueden desligar unos de otros sin correr la misma suerte.
La crisis del Poder Judicial, del sistema de administración de justicia es responsabilidad de todos y debe ser instituida y tratada como una “cuestión de Estado”, que exige como tal la instauración y ejecución de una profunda y contundente “política de Estado” en cuyo desarrollo debemos estar comprometidos.
En este contexto se impone una convocatoria amplia al debate desinteresado y maduro de todos los sectores involucrados, entre los cuales el Colegio Público de Abogados debe contribuir con su opinión, su experiencia y su irrenunciable espíritu de defensa del Estado de Derecho y a los justiciables.
Para ello debemos empezar por reconocer cada parte, cada sector, la responsabilidad que tenemos en la crisis que nos convoca y a partir de allí contribuir con nuestros esfuerzos, ideas y conocimientos en pro de superar las dificultades. Pues los abogados, en definitiva, también somos parte responsable y es nuestra obligación no solo denunciar el estado de situación perjudicial que nos aqueja, sino también el de propender y proveer lo que esté a nuestro alcance para lograr las soluciones.
Creemos también que ninguna crisis podrá superarse si no estamos dispuestos a excluir toda injerencia extraña o perturbación de otros sectores que no estén dispuestos a respetar los principios republicanos de gobierno, honrando y defendiendo el imperio y supremacía de la Constitución y, de ella, la división de Poderes, alejados y desprovistos de todo interés o tendencia político partidaria que pretenda el sometimiento o subordinación de alguno de ellos. Solo así alcanzaremos un Poder Judicial independiente, que sea realmente un templo para “La Justicia”, donde se la imparta libremente, se la imponga con imparcialidad, con equidad, eficacia, seguridad y premura, con garantía de acceso a la misma, sin ningún tipo de distinciones ni diferencias ilegítimas o contrarias a la ley y al derecho.
Es la única solución. Respetando las instituciones y entre ellas a la Justicia como pilar fundamental de la República, consolidaremos nuestra Democracia y Estado de Derecho y con ello la libertad y seguridad jurídica para toda la sociedad. “EL PODER JUDICIAL Y LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA SON UNA GARANTÍA CIUDADANA Y DEMOCRATICA” (Declaración de FACA 14/08/2008). A ello apuntamos y a ello nos obligamos. Es nuestro empeño y desvelo y por ello los Abogados renovamos el compromiso inquebrantable de luchar y esforzarnos para alcanzar ese designio, sin ninguna “intervención” que tenga por finalidad la alteración del orden democrático y republicano de gobierno.
Dr. RICARDO MANUEL VILLAR
Directorio Colegio Público de Abogados de la 1ra. Circunscripción Judicial de Corrientes, 31 de Mayo de 2012.
Martes, 5 de junio de 2012
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