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Las rutas del Mercosur vuelven a manos del Estado hasta que se liciten otra vez
Las rutas nacionales 12 y 14 -"del Mercosur", vitales para el comercio entre la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay- volverán a manos del Estado nacional después del 8 de abril, cuando termina la concesión de Caminos Río Uruguay (Crusa), y tendrán un período de varios meses sin obras, hasta su nueva privatización.
La concesionaria que las opera desde hace 30 años las deja el próximo 8 de abril.
Aún no están los pliegos. Advierten falta de inversión y abandono.
Es que el gobierno de Javier Milei, decidido a no hacer más obra pública, no puede cobrar peaje, por lo que en el sector advierten que las rutas quedarían en un estado de "abandono" hasta que, entre otro concesionario privado para operar los casi 700 kilómetros de vías paralelas al Río Uruguay, entre Zárate (Buenos Aires) y Paso de los Libres (Corrientes)
Una línea sinuosa que sigue el trazado del Río Uruguay, entre Zárate al sur y la ciudad correntina de Paso de los Libres en el extremo norte, marca el recorrido principal de la concesión de Caminos del Río Uruguay, la empresa que desde hace casi 30 años tiene a su cargo los peajes y mantenimiento de casi 700 kilómetros de las rutas 12 y 14, que incluyen la denominada Autopista del Mercosur (en rigor, son sólo 135 kilómetros de camino de dos carriles, el resto es de un carril por mano), así como el camino transversal de la ruta 174, que une las ciudades de Rosario en Santa Fe con Victoria en Entre Ríos.
Esa concesión finaliza el 8 de abril en medio de un conflicto de la concesionaria con el gobierno de Javier Milei: esos tramos de rutas nacionales pasarán a ser operadas por el Estado, a través de Vialidad Nacional, la cual dejará de cobrar peajes ya que no cuenta con personal dedicado a esas tareas.
En principio se trata de una estatización a medias, ya que el Gobierno convocó en febrero a una primera audiencia para otorgar esa concesión a otra empresa, pero el proceso podría tomar meses: todavía no están los pliegos para los oferentes.
Pero en vez de prorrogar el contrato de Caminos del Río Uruguay, el Poder Ejecutivo optó por dejar caer la concesión y hacerse cargo de los casi 700 kilómetros de trazado, que incluyen además la operación de tres puentes, los dos del complejo vial y ferroviario Zárate-Brazo Largo y el Rosario-Victoria.
La empresa CRUSA está en concurso preventivo y sus directivos acusan de esa situación a la no actualización de las tarifas de peaje. Se trata de una sociedad de constructoras locales que integran Covimer (31%), CODI (25%), Parenti Mai Concesiones (17%), Concesiones Gorostiaga (17%) y Conevial (10%). Además del concurso, la empresa tiene abierta una causa contra el Estado, al que reclama una indemnización de 300 millones de dólares por contratos incumplidos.
Con 500 empleados, la empresa sacó este jueves un comunicado en el cual responsabilizó al Gobierno por su continuidad laboral.
“Debido a la negativa de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad a dar soluciones a los planteos realizados por Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria se ve en la obligación de informar a la comunidad que, a partir del 8 de abril del corriente, fecha en que se vence la concesión, el Gobierno Nacional deberá ocuparse de la operación integral del corredor (…) así como también deberá resolver cuál será el destino de los trabajadores involucrados”, dijo la empresa en su comunicado.
La respuesta en off de un funcionario fue que el Gobierno no se hará cargo. “Es un problema de la empresa que deberá resolverlo. Vialidad Nacional no se hará cargo de la continuidad laboral de los empleados de una empresa privada”, dijo.
¿Por qué el Gobierno no quiso prorrogar la concesión? Es algo de lo que nadie habla en voz alta. Según el comunicado de CRUSA, “esta tesitura, difícil de explicar, se traduce también en la decisión de Vialidad Nacional de no acordar una prórroga de la concesión, con tarifas lógicas, para garantizar, cuanto menos, los servicios básicos que CRUSA ofrece a los usuarios y que las rutas queden desatendidas, es un escenario insólito y grave que podría traer consigo consecuencias dañosas y responsabilidades”.
Lo cierto es que Vialidad Nacional, empresa que es uno de los emblemas de la corrupción de la obra pública, tiene como única función la construcción y reparación de caminos, no así tareas vinculadas a los servicios. “Por ejemplo, CRUSA se ocupa hoy de que la traza esté cubierta por servicios de ambulancias y unidades de auxilio mecánico, que intervienen en caso de accidentes o desperfectos de los vehículos. Este punto de seguridad es importante, dada la gran extensión del trazado de casi 700 kilómetros”, agregó el comunicado de la compañía.
El punto de conflicto central es la tarifa de peaje: el año pasado, el Gobierno otorgó un aumento de 200% a las tarifas que cobra Corredores Viales, la empresa estatal de peajes, y a CRUSA le autorizó un incremento del 100%, la mitad. “Esencialmente la empresa reclama que les reconozcan la actualización de tarifas que les dieron a Corredores Viales y a ellos le dieron la mitad. Eso fue el año pasado y no sucedió. Están en concurso de acreedores ahora homologado y con un juicio al estado por 300 millones de dólares”, señalaron en off fuentes del sector.
Jueves, 20 de marzo de 2025
