Ocho jueces explicaron ante el consejo de la magistratura como se asignaban juzgados vacantes
Quedó claro que el sorteo manual fue anormal
En el marco de la investigación de la conducta del camarista y consejero Ricardo Recondo, los jueces del fuero Civil y Comercial dejaron en evidencia que el nombramiento de un juez subrogante para definir la causa de la ley de medios no había sido habitual. Los ocho jueces del fuero Civil y Comercial Federal que dieron testimonio en el Consejo de la Magistratura dejaron en evidencia que el sorteo manual que se utilizó para designar un subrogante fijo para dictar sentencias en el juzgado donde tramita el expediente de la ley de medios no se corresponde con el procedimiento habitual de sorteo informático, causa por causa, que se venía utilizando.
Los magistrados declararon en carácter de testigos como parte de la investigación con miras al juicio político del camarista y consejero Ricardo Recondo, que se extendió también al resto de la Cámara en lo Civil y Comercial, facultada para nombrar suplentes en los juzgados acéfalos.
Por una selección manual y entre sólo dos nombres, se asignó el juzgado 1, que tiene el caso Clarín, al jubilado Raúl Tettamanti, mientras que el 7 le tocó a Francisco de Asís Soto. El Gobierno denunció que había sido una maniobra para poner un juez a dedo que pudiera beneficiar al multimedio y cuestionó el sistema implementado de subrogancias semanales en cinco despachos vacantes.
“Hasta donde yo sé, es un procedimiento extraordinario”, dijo el juez Soto, al declarar ayer cómo fueron designados él y Tettamanti para dictar sentencia en dos juzgados. ¿Qué se hacía antes? De su relato y de los de sus colegas ante la Comisión de Acusación y Disciplina quedó claro que para cubrir las cinco vacantes (de once cargos) que hay en el fuero se venía implementando un sistema “rotatorio” por el cual los juzgados iban cambiando de juez interino cada semana.
Esa suplencia era ejercida por jueces titulares de otros juzgados y suplentes designados tiempo atrás (jubilados y secretarios). El trámite de las causas iba pasando de manos. Cuando un expediente estaba listo para dictar sentencia, se enviaba a la oficina de asignación de causas de la Cámara, que mediante un sorteo informático definía qué juez debería encargarse de esa etapa final.
Esto fue lo que cambió a partir del acta firmada por Recondo y Martín Farrel: en lugar de esperar a que la causa Clarín estuviera lista para una resolución de fondo sobre la constitucionalidad del artículo que obliga a la empresa a desinvertir y recién ahí mandarla a sorteo, ya habría un juez esperando para fallar. Tettamanti, ante las denuncias y la amenaza de recusación, renunció a la subrogancia.
“Jamás se asignó manualmente una causa”, afirmó Horacio Alfonso, nombrado el año pasado al frente del Juzgado Civil y Comercial 2. Una semana atrás, cuando la Cámara –tras un tirón de orejas de la Corte Suprema– dejó sin efecto todos sus métodos cuestionados de subrogancia y empezó a aplicar la ley vigente, a Alfonso le tocó asumir de manera transitoria en el Juzgado 1, con chances de tener que resolver la validez del artículo de la ley de medios que obliga a desprenderse de señales de radio y televisión.
La norma dice que cuando hay un juzgado vacante tiene que subrogarlo el juez del mismo fuero que sigue en orden de prelación o, como segunda opción, convocar a un conjuez de una lista del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que recién ahora se aprobó. Al ser interrogado por los consejeros, Alfonso cuestionó las subrogancias semanales con el argumento de que “la permanencia de un criterio es muy breve y la cuestión planteada por un subrogante tiene que ser resuelta por otro; si bien la normativa a aplicar es la misma, cada juez tiene una visión sobre el expediente”. Es un mecanismo, dijo, que genera “inconvenientes y molestias a los litigantes y a los jueces”.
Tanto al comienzo como en medio de la sesión de la comisión, el bloque opositor planteó –fogoneado por el abogado Alejandro Fargosi– la nulidad de las declaraciones de los jueces con el argumento de que no se los puede poner en situación de cuestionar a sus superiores de la Cámara, responsables de los nombramientos transitorios. “No sé qué estamos haciendo”, refunfuñó el radical Oscar Aguad. “La superintendencia es sólo de la Corte”, acotó. “Esto es una especie de prueba informativa”, refutó Carlos Moreno, quien preside la Comisión de Disciplina y Acusación.
“Acá hemos investigado los sorteos del fuero Criminal y Correccional, y de la Casación. En ese caso porque las causas le tocaban a Oyarbide. Ahora, cuando le tocan a Tettamanti, resulta que no se puede”, ironizó Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. El reclamo opositor no prosperó. Sentados frente a los consejeros, los jueces citados no ofrecieron resistencia ante las preguntas. El único ausente fue Tettamanti, quien avisó de antemano que tenía previsto un viaje.
Los jueces Raúl Torti, Alejandro Nóbili, Silvina Bracamonte, Alejandro Saint Genez, Patricia Barbado y Carlos Alvarez coincidieron en que la asignación de expedientes nunca fue manual sino por un sorteo informático y si lo fue no se enteraron. Todos se quejaron de los juzgados vacantes. Alvarez y Saint Genez reconocieron que, en alguna ocasión, plantearon subrogancias semanales porque les parecía una tarea pesada llevar adelante un juzgado extra íntegro.
“Estos juzgados tienen la misma estructura que hace 35 años”, señaló Saint Genez. Ahora, no obstante, objetan el régimen rotatorio –Torti, por ejemplo, lo calificó de “agotador”– y alientan el nombramiento de subrogantes de la lista de conjueces del Gobierno. Como era previsible, nadie hizo alusiones a un posible “forum shopping” (artilugio para elegir el juez favorito para una causa).
Francisco de Asís Soto dijo que antes de que le encomendaran el Juzgado 7 le explicaron que habían analizado las estadísticas y tanto él como Tettamanti, asignado al 1, eran los que tenían menos demoras en sus juzgados. “Me consultaron si estaba disponible y me aclararon que era sólo para dictar sentencia y no para el procedimiento”, explicó. “Me llegó la comunicación de que el presidente de la Cámara, Martín Farrell, y el vicepresidente, Recondo, habían hecho un sorteo manual”, contó. El acta fue firmada por ambos camaristas el 5 de septiembre.
Seis días después, los tres jueces que cumplen tareas de superintendencia en la Cámara (Farrell, Ricardo Guarinoni y Guillermo Antelo) le pidieron a la Corte Suprema que respaldara esas designaciones en una resolución más extensa que decía que la nueva ingeniería para las subrogancias para dictar sentencia pretendía paliar problemas derivados de la modalidad de recambio semanal y de las demoras en la designación de titulares.
En simultáneo, Recondo y otros cuatro hombres afines al radicalismo en el Consejo, complicaban precisamente la aprobación de la lista de candidatos a jueces, conflicto que aún no se destrabó. El alto tribunal le contestó a la Cámara una formalidad que dejaba su decisión en firme: afirmó que está facultada para decidir sobre subrogancias. Después, ante el escándalo, los jueces supremos mandaron decir a los camaristas que estaban cometiendo una ilegalidad. Ahora arrastran una denuncia penal y están en problemas en el Consejo.
Como próximo paso, fue citado el secretario Gustavo Bracamonte, que firmó ambas resoluciones de la Cámara. Luego, los jueces, con Recondo como principal implicado, tendrán que ir presentando sus explicaciones en las próximas tres semanas.
Viernes, 26 de octubre de 2012
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