NO SE DESCARTA UNA NUEVA CITACIÓN
Reactivarían causa por desaparición de trabajadores contra Navajas Artaza
El empresario yerbatero fue sobreseído en 2008 por la desaparición de uno de los trabajadores del establecimiento. La medida es cuestionada porque se dispuso de manera irregular. No se descarta una nueva citación a indagatoria. En la provincia de Corrientes, donde un grupo de trabajadores del establecimiento Las Marías, la conocida firma productora de la yerba Taragüí, fue secuestrado, detenido, desaparecido y asesinado durante la última dictadura.
Las causas judiciales, que están fragmentadas y sólo tienen imputados a unos pocos militares, están por ser elevadas a juicio oral, pero dejaron de lado al poder económico, la poderosa familia propietaria de la empresa, ya que quien fuera el dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, fue sobreseído en 2008 apenas un día después de ser llamado a indagatoria la causa que investigaba los hechos. Así y todo, fuentes judiciales coinciden en señalar que a medida que se sigan sumando pruebas, el ahora retirado empresario podría volver a ser convocado.
Desde que los guaraníes dejaron de correr libres por el litoral, todo funcionó siempre bajo las órdenes de la familia Navajas, históricos dueños de las tierras, las propiedades y las vidas de los habitantes de Corrientes, una provincia que nació y vivió atada al poder de los herederos del Establecimiento Las Marías, hasta que a los obreros de la yerba se les ocurrió organizarse. Durante los años ’70 nacieron dos sindicatos, uno de trabajadores rurales, que realizaban tareas en el campo, y otro de trabajadores de la industria de la alimentación, que elaboraban el té y la yerba. Ambos gremios lograron poner un freno al poder omnímodo del patrón. Pero les costó caro.
Fue Marcelo Acuña, un paisano de Virasoro, quien fundó el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) en 1973 y organizó un pequeño porcentaje de trabajadores que elaboraban la yerba y el té. Sin embargo, los que se desempeñaban en el campo seguían desprotegidos, por lo que Acuña ayudó a su amigo, Ramón Aguirre, a organizarlos también, y así, en 1974 nació el gremio hermano, la Federación de Trabajadores Rurales (FATRE). Ambos quedaron como secretarios generales de las flamantes organizaciones gremiales, hasta que llegó el golpe de Estado de 1976 y los dos, más el tesorero del STIA, Pablo Franco, fueron los primeros detenidos por la intervención militar que llegó al pequeño pueblo, bajo el mando del teniente Carlos Sacco.
La misma suerte correrían más tarde los delegados de base de los yerbatales, Neris Pérez, Marcelo Peralta, a quien asesinaron, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Álvez, todos trabajadores de Las Marías y de sus empresas arrendatarias.
Así lo cuenta a Tiempo Argentino el propio Aguirre, exiliado en Bélgica desde que los militares le otorgaron una suerte de libertad vigilada en 1982. "La historia del movimiento sindical de Virasoro es poco conocida y apasionante. A partir del trabajo militante de Marcelo Acuña comienza la historia de un sindicalismo nuevo de la alimentación. Marcelo también impulsa el de trabajadores rurales, ya que solos no iban a poder avanzar mucho. Los trabajadores de la industria tenían un salario fijo mensual, y jornadas de trabajo de ocho horas, cumplían horario y se volvían, estaba legislado. Pero el porcentaje más alto trabajaba a destajo en la cosecha y las canalizaciones, nos pagaban por kilo de té o yerba, el salario dependía de la cantidad de kilos que hacías, entonces se llevaba a toda la familia para hacer un poco más de kilos, las estadísticas mostraban como haraganes a los que no llevaban a su familia y hacían menos, pero eran promedios falsos. También reclamábamos ropa de trabajo, transporte, provisión de agua, atención médica, porque había veces que nos trasladaban a 15 kilómetros y no había nada donde guarecerse, si llovía nos mojábamos, por eso pedíamos carpas, botas, impermeables", recuerda Aguirre.
Cuando llegó la intervención a Virasoro, los militares no conocían a nadie en el pueblo. Pero tuvieron una buena acogida y armaron campamento en los campos del Establecimiento Las Marías. La intervención militar también entró a la fábrica con anuencia de los dueños. Allí, a pocos días del golpe, Navajas Artaza llamó a una especie de asamblea donde le dio la palabra al interventor del pueblo, el teniente Carlos Sacco quien, ante la escucha atenta de todos los trabajadores, anunció en tono castrense que a partir de ese día ya no se iban a poder realizar más actividades sindicales. Desde entonces, la suerte de los obreros organizados cambió.
"Nos detienen a los tres sindicalistas más visibles, Marcelo Acuña, Pablo Franco y a mí el 10 de abril del 76. Cuando nos levantaron estábamos en casa con Pablo Franco jugando a las cartas, primero me llevan a mí y lo van a buscar después a él. Pablo se acababa de casar, no se escondió porque no pensó que venía tan en serio la cosa, vivíamos en el pueblo y todo el mundo nos conocía, a todos nos fueron a buscar a nuestra casa, nadie se escondió, en un pueblo pequeño no hay esa imagen de la represión de las grandes ciudades, no estaba en nuestros planes que iban a hacer lo que hicieron. Pensábamos sólo en que nos metían presos y nos largaban de vuelta, no estábamos alertados, no había experiencia de represión al movimiento sindical. Hasta ese momento sólo había enfrentamiento con la empresa que tomaba represalias con los trabajadores, pero nunca tuvo que ver con que el Estado formara parte de la represión, sino que se daba todo dentro de una relación laboral", explica Aguirre.
"Nos detienen a los tres sindicalistas más visibles, Marcelo Acuña, Pablo Franco y a mí el 10 de abril del 76. Nos tienen secuestrados en Virasoro hasta finales de mayo hasta que nos llevan a Santo Tomé, ahí me dejaron con ellos hasta febrero del 77, luego me llevaron a Chaco a la Brigada de Investigaciones y de ahí a Corrientes hasta mayo del 78. Luego me trasladan a la U7 de Chaco unidad penal de Resistencia, una cárcel de máxima seguridad. Luego me llevaron a la cárcel de La Plata. Cuando llegaron los juicios pude atestiguar en la causa del centro clandestino del Regimiento 9 de Corrientes en la que fueron condenados varios militares, y un gendarme."
Acuña, Aguirre y Franco fueron las primeras tres víctimas de la represión en Virasoro. La segunda tanda de secuestros llegó un año después, cuando se llevaron al dirigente rural Neris Pérez. Es por eso que las causas judiciales que investigan la represión en Gobernador Virasoro son dos. Ambas finalizaron la etapa de instrucción y están por ser elevadas a juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Una es la "Investigación de delitos de Lesa Humanidad-Víctima Ramón Aguirre y otros", que lleva el número de expediente 746/10, en la que están imputados el ex teniente Carlos Sacco, Duilio Martínez y Llamil Reston. Como querellante se presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en 2007 se requirió la instrucción de la causa por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, integrante del sindicato de trabajadores rurales de Gobernador Virasoro. Por ahora se encuentra en etapa de elevación a juicio.
La segunda causa es por la desaparición de Neris Victoriano Pérez, quien fue secuestrado el 2 de junio de 1977, que permanece desaparecido. Era tractorista del establecimiento Yerbatero Las Marías, y dirigente de FATRE. Ante la fiscalía federal de Corrientes se presentó su hijo, Jorge Catalino Pérez, quien denunció el secuestro de su padre. En el expediente 857/12 que investiga su secuestro y desaparición están imputados los represores Duilio Martínez, Llamil Reston y Héctor Torres Queirel.
Toda la causa es por esta sola víctima, y los querellantes son su hijo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio oral el 17 de febrero de 2012. Todavía se encuentra en etapa de citación a juicio. Esta fue la causa en la que el fiscal de instrucción de Paso de los Libres, Benito Pont, había pedido en 2008 la citación a indagatoria de Navajas Artaza. Sin embargo, apenas un día después, el juez Víctor Alonso dictó su sobreseimiento sin siquiera tomarle declaración. Si bien Pont se quejó ante la Cámara, el fiscal rechazó el recurso de apelación que planteaba la nulidad del sobreseimiento. Según la lógica judicial, y también según el sentido común, para sobreseer a alguien primero se lo debe indagar, y además evaluar la prueba.
Casi toda la resolución del sobreseimiento es una descripción de la prueba, y sólo en un punto trata la situación de Navajas Artaza, lo que ocupa apenas dos carillas, se fundamenta porque no hay prueba suficiente y porque hay que sobreseerlo. Según fuentes judiciales, esta valoración "es por lo menos floja y apresurada". "No es nada habitual que se dicte un sobreseimiento al día siguiente de que un fiscal pida la indagatoria de una persona. El pedido de indagatoria implica que para el fiscal hay pruebas de que una persona cometió un delito. El sobreseimiento, por el contrario, cierra definitivamente la posibilidad de juzgar a una persona por el hecho imputado y requiere que el juez tenga plena certeza de que esa persona no intervino en el delito. El pedido de indagatoria y el sobreseimiento son dos valoraciones totalmente opuestas y por eso es muy raro que un sobreseimiento se dicte al día siguiente de que un fiscal pide la indagatoria", evaluaron.
Sin embargo, al igual que sucede con la justicia de Jujuy y Mendoza, donde el poder económico local tiene amplias vinculaciones con el sistema judicial, en Corrientes, los Navajas Artaza lograron, además de un acelerado sobreseimiento, que 13 jueces y conjueces se excusaran de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en su pueblo. Ante la consulta de este diario a representantes del Establecimiento Las Marías en relación a los delitos de lesa humanidad que lo señalan a Navajas Artaza, lo único que argumentaron es que "Adolfo Navajas Artaza se ha jubilado y retirado hace diez años, lapso durante el cual no ha tenido ninguna función de ninguna índole en la empresa".
Si bien los hechos y los protagonistas de esta historia escondida en el litoral se parecen mucho a la forma que tomó la represión en Jujuy, donde una empresa como Ledesma, aportó la infraestructura para la represión de los obreros y su dueño, Pedro Blaquier, logró, por lo menos hasta ahora, esquivar a la justicia, representantes de organismos de Derechos Humanos de Virasoro siguen en lucha contra la impunidad. Hilda Presman, de la Red Provincial de Derechos Humanos, explicó a Tiempo Argentino que "esta causa no tuvo el impulso de otras. Hay mucha debilidad de un lado y mucha fuerza del otro con 13 jueces inhibidos, y sólo se avanzó sobre la responsabilidad militar. Aquí hay gente muy humilde, trabajadores rurales, y es muy difícil que puedan hacer un seguimiento.
"Toda la represión de Gobernador Virasoro está vinculada a los agitadores sociales, activistas gremiales que molestaban. No hay otro tipo de víctimas, ni docentes, ni estudiantes, ni trabajadores de otro rubro, la única represión organizada y sistemática es contra los delegados que cuestionaban el manejo de las formas de trabajo y de explotación del Establecimiento Las Marías", definió Presman.
Sin embargo, no está dicha la última palabra. Según Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, "el sobreseimiento de una persona por un hecho no impide que se la juzgue por otros hechos. En este sentido, no hay un impedimento procesal. Simplemente debe evaluarse si existen pruebas o no para formular otras imputaciones".
Asimismo, desde este organismo adelantaron la posibilidad de pedir la unificación de todas las causas de lesa humanidad, por lo que de esta forma, se revertiría la fragmentación, estrategia propia de un sistema judicial dependiente del poder económico vinculado al terrorismo de Estado en Argentina.
Jueves, 30 de agosto de 2012
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