ENTRE UNIFORMADOS Y CIVILES
Imputaron a 99 policías por autoacuartelarse en diciembre en el Chaco
Fiscales chaqueños imputaron hoy a 99 personas, entre uniformados y civiles, por los presuntos "delitos de sedición e incitación a la violencia colectiva, agravados por la finalidad de aterrorizar a la población", durante el autoacuartelamiento de la Policía provincial.
El requerimiento para que se inicie una investigación judicial fue elevado al juez federal Carlos Skidelsky por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Nicolás Sabadini; junto a su par de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Enrique Sansserri; el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal, Carlos Martín Amad y el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Federico Martín Carniel.
Para los integrantes del Ministerio Público, el autoacuartelamiento de diciembre fue "un suceso de inusitada gravedad institucional".
Entre los imputados se encuentran agentes de la Policía de Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, así como también algunos civiles, entre los que se destacaban dos abogados.
Según explicaron los fiscales, el comisario inspector Juan Ramón Cantero habría sido uno de los principales instigadores y, de acuerdo a los testimonios citados, el uniformado recorrió distintas dependencias para promover el alzamiento.
Esas recorridas contaron con la presencia de los dos abogados -uno de ellos era la mujer de Cantero-, quienes habrían afirmado que oficiarían como letrados defensores en las causas que luego serían iniciadas en contra de aquellos que se plegaran a la asonada.
Para el grupo de fiscales, el autoacuartelamiento tuvo "una finalidad que va más allá de una simple protesta de índole salarial", ya que "los acusados así como aquellos que han participado del hecho endilgado no sólo obstruyen que otros, que no han adoptado la medida, continúen brindando los servicios mínimos sino que, a su vez, generaron mayor temor en la población ante la idea de un servicio de seguridad y prevención deficiente debido a la carencia de los elementos retenidos".
"Las conductas desplegadas por los imputados no encuadran en un ejercicio legítimo del derecho constitucional de libertad de expresión", sostuvieron.
Asimismo, indicaron que no sólo se debía tener en cuenta a "la violencia utilizada o proferida de propia mano por las fuerzas policiales en alzamiento, sino además el hecho de que los mismos se valían de la situación de caos reinante, el miedo y perspectiva de saqueos latentes por parte de malvivientes al resto de la ciudadanía".
"Esto debe tomarse como parte del mecanismo de violencia inmerso en el alzamiento en armas", concluyeron los integrantes del Ministerio Público Fiscal en el escrito presentado al magistrado Skidelsky.
Durante los primeros días de diciembre, efectivos de la Policía de Chaco se autoacuartelaron en reclamo de mejoras salariales y dejaron a la provincia sin el servicio de seguridad pública, lo que propició que se saquearan varias comercios.
Jueves, 6 de febrero de 2014
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