POLÉMICA
Separaron a Pablo Vassel de su cargo
La separación del Dr. Pablo Andrés Vassel del cargo de Director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura ha despertado críticas en organismos y referentes de los DDHH en distintos lugares del país. En las últimas horas, trascendió el contenido de una misiva dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, con copias al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Remo Carlotto y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, firmada por referentes de distintas organizaciones y organismos de DDHH de la región de Cuyo.
Se transcribe a continuación el texto de la carta enviada a Fera.
"Al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Mario Fera: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a los integrantes de ese Cuerpo, a los efectos de manifestar nuestra profunda preocupación por el funcionamiento del mismo y su impacto sobre la política de Estado en materia de Derechos Humanos que rige en nuestro país. Los abajo firmantes, representantes y militantes de Organismos de Derechos Humanos de la Región de Cuyo, consideramos arbitraria la separación del Dr. Pablo Andrés Vassel como Director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. Conocemos los importantes aportes que desde el Consejo de la Magistratura el Dr. Vassel realizó para apoyar el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado tardíamente en nuestra región. Nos constan también sus aportes hechos a este proceso antes de ahora desde su provincia de Corrientes como funcionario público o desde otros lugares.
"En primer lugar, queremos destacar el caso del entonces Capitán Plá, juzgado en la Provincia de San Luis, y que luego de ser condenado produjera la primera renuncia en la trístemente célebre Cámara Federal con asiento en la Ciudad de Mendoza, la del ex Juez Pereyra Gonzalez, ya que en dicho juicio diversos testigos afirmaron su complicidad con el terrorismo de estado.
"Hemos tomado conocimiento que el Dr. Vassel fue responsabilizado por el Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura por adoptar múltiples medidas a su alcance para facilitar el inicio del Juicio de Lesa Humanidad de San Luis el pasado 5 de noviembre permitiendo que desde la oficinas del Consejo de la Magistratura se asegurara la participación de tres represores que cumplen detención en la ciudad de Buenos Aires".
"Se argumentó que tales presencias generaban "problemas de seguridad para el edificio" y que debía suspenderse el juicio o al menos evitar la participación de los imputados desde esas oficinas. La realización de videoconferencias para casos como estos es un muy eficaz recurso técnico que evita la impunidad de los represores que por diversas razones residen fuera del lugar sede del juicio y la intervención de Vassel evitó una nueva paralización a este juicio excesivamente complejo por los 32 imputados llevados con mucho esfuerzo a juicio y por la concurrencia a San Luis de Jueces, Fiscales, y Defensores de toda la geografía argentina, con lo que cada minuto de dilación es un problema enorme para todos especialmente para las víctimas.
"Gracias a la acción del Dr. Vassel, el juicio pudo iniciarse sin inconvenientes. El Teniente Coronel Plá fué quien se auto acuarteló con pistola 9 milímetros, tal vez aquella con la que mató a Graciela Fiochetti, resistiendo la orden judicial y produciendo el movimiento que lideró Aldo Rico y Seineldín, logrando la sanción de las conocidas leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín.
"Agradecemos la actuación del Dr. Vassel, que valientemente se hizo cargo de una arbitraria resolución que lo hizo personalmente responsable de la seguridad del genocida Plá, algo absolutamente descabellado. Es peor morir de dolor, que morir de vergüenza, decía un poeta uruguayo, frase aplicable a quienes sancionan a un funcionario que dignamente es capaz de cumplir con su deber y coadyuvar con la justicia para someter a juicio a semejante criminal de lesa humanidad.
"En toda la región, la impunidad estuvo avalada por diversas corporaciones, destacándose la complicidad de altos funcionarios a cargo de la justicia federal mendocina y el actual consejero Daniel Ostropolsky, a cargo del Colegio de Abogados de Mendoza. A partir del fallo Simón, y la declaración de nulidad de las normas que garantizaban la impunidad, tuvimos que lidiar en Cuyo con personajes como Luis Miret, Otilio Romano, Pereyra Gonzalez y Petra Recabarren.
"Miret fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. Romano se escapó de la propia justicia federal que dirigía, confiando en la protección del pinochetismo, recientemente se logró recientemente su extradición. A Petra se le aceptó la renuncia, enfrentaba cargos similares en el Consejo de la Magistratura. Y a Pereyra Gonzalez su renuncia le fue aceptada después de que el tribunal que juzgó a Plá, ordenó que se lo investigara por su participación en esos hechos, ya que era el secretario judicial que recibía las denuncias por parte de los presos, y también de secuestrados.
"Cabe destacar que estos funcionarios judiciales tenían a cargo la Cámara Federal de Mendoza y ya habían sido denunciados desde 1983 como cómplices de la dictadura. Miret y Romano recibieron el apoyo del Consejo de Magistrados, dirigentes políticos sobre todo del radicalismo, del Colegio de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
"El Consejero Aldo Ostropolsky, fue el que propuso al reemplazante del Dr. Vassel. Ostropolsky admite haber emitido un comunicado del Colegio de Abogados de Mendoza cuando era su presidente, y haber logrado su aprobación por la FACA, manifestando que las denuncias contra Miret y Romano, "promovidas por la izquierda" constituían un avance del poder ejecutivo contra la independencia del poder judicial. Por ese mismo motivo los organismos de Derechos Humanos y denunciantes de Miret y Romano lo recusaron, ya que su actitud en favor de la impunidad y su complicidad con los sometidos a juicio político resultaba escandalosa En el Diario Los Andes de Mendoza cuyo link acompañamos se pudo leer el martes 13 de abril de 2010: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/4/13/politica-483784.asp
"La Universidad Nacional de Cuyo echó a Luis Miret y el Consejo de la Magistratura lo destituyó. Otilio Romano se escapó a Chile junto con otro juez federal destituido con anterioridad que actuaba como su abogado. Pereyra y Petra renunciaron para salvarse. Pero lo más grave de todo esto es que fue el Dr. Ostropolsky votó por la separación del Dr. Vassel, y fue el encargado de proponer a su reemplazante, conforme consta en el acta respectiva.
"Otra vez, la cita de Mario Benedetti resulta aplicable: es una vergüenza que al Director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura lo proponga quien salió públicamente a defender a los represores, y más vergonzoso aún debe ser para quienes quieren aparentar su acuerdo con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que el presidente Nestor Kirchner inició cuando ordenó al Jefe de las Fuerzas Armadas descolgar los cuadros de los dictadores.
"El Consejo de la Magistratura utiliza para justificar la separación del Dr. Vassel razones de "seguridad", pero este argumento es insostenible. La fuga de Olivera y De Marchi, así como la de otros detenidos que se encuentran prófugos no son responsabilidad del Dr. Vassel.-Evidentemente, la fuga de los criminales de lesa humanidad fue posible gracias a la complicidad de diversos sectores, incluso del judicial, personal del Hospital Militar y penitenciario. Victor Hortel, como jefe del servicio penitenciario, lo consideró gravísimo y los denunció penalmente.
"De cualquier manera, la seguridad debe ser garantizada por las fuerzas correspondientes, no por el propio Consejo de la Magistratura, que está facultado para adoptar las medidas que considere convenientes para favorecer la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, y no dilatarlos o entorpecerlos utilizando el argumento de la falta de seguridad y responsabilizando de la misma al Director de Derechos Humanos.
"Hemos sido testigos de la colaboración del Dr. Vassel para realizar los juicios de San Rafael, de Mendoza, de San Juan y de San Luis, a través del Servicio de Video Conferencias y otras gestiones a su cargo y también de su gestión activa y apoyo a través del Equipo de Antropología Forense que está estudiando el cuadro 33 del Cementerio de la Capital mendocina y participó del reciente hallazgo de cuerpos humanos en la laguna del Diamante.
"En definitiva, la separación del Dr. Vassel resulta un escándalo y un franco retroceso en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, máxime cuando ha sido sustituido por alguien propuesto por quien ha apoyado públicamente a los magistrados cómplices del terrorismo de Estado, como es el consejero Ostropolsky.
"Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
"Firman: Elba Morales, por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos filial Mendoza, organismo querellante en múltiples juicios de lesa humanidad, Ciudad de Mendoza; Virtudes Della Santa, por el Grupo de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo Mendoza; Ramón Abalos, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos filial Mendoza; Lucas Lecour, Diego Lavado, Pablo Salinas, Carlos Varela Alvarez, Sergio Salinas, por la Asociación por los Derechos Humanos XUMEK de Mendoza; Ana María Montenegro, DNI 11.155.0444; Marcela Victoria Olivencia Montenegro y Nino Bonoldi, por Familiares de Presos y Desaparecidos de Mendoza; Mariano Tripiana, DNI 24.542.245, querellante en el primer juicio de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza; Angélica Escayola, por Abogadas y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social (AAMJUS); Luz Faingold, D.N.I. 12.1632.376, denunciante de Miret y Romano ante el Consejo de la Magistratura; Romina Cucchi, miembro de Docentes en Contexto de Encierro de Mendoza; Eduardo Federico Camus, D.N.I. 32.447.273; Teresa Olivieri, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Filial San Rafael; Ricardo Ermili, Presidente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, Mendoza; Eloy Camus DNI 13666038 miembro del CELS, querellante en la causa por la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, San Juan; Maria Victoria Benitez, hija de Elvira Orfila Benitez, desaparecida en la última dictadura cívico-militar, Secretaria de Derechos Humanos de Kolina, San Juan; Angélica Escayola por la Asociación de Abogadas y Abogados por la Justicia Social (A.A.J de Mendoza; Sergio Adrián Villar, Coordinador Educadores Populares Aldabón, Nodo San Rafael Abuelas de Plaza de Mayo, San Rafael, Mendoza; Martinez, Fernando Raúl, DNI: 22.159.088, Farias, Gabriel Alberto, DNI: 24.658.330 y Rodríguez Castillo, José Guillermo, DNI: 21.926.223, por H.I.J.O.S. San Juan; María Inés Fadel por Abogados por la Justicia Social (AJUS); Inés Izaguirre; Profesora Consulta UBA - Miembro Directivo APDH y del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" Facultad de Ciencias Sociales; Alfredo Guevara, miembro de la Mesa Nacional de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional".
Miércoles, 4 de diciembre de 2013
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