EN VOTACIÓN DIVIDIDA RECHAZÓ LAS RE-RE...
El Superior "bajó martillo"
Luego de meses de polémica y de opiniones contrapuestas, y a posteriori de que las instancias inferiores se expidan, la Corte local resolvió no habilitar la posibilidad de un tercer mandato a 13 jefes comunales. Estableció un criterio que será de aplicación para el resto -con excepción de Saladas-, quien tiene un fallo firme a su favor. (Informe completo del diario El Libertador)
El interrogante es cómo se sigue de acá en más. La duda es en qué momento se considera firme la decisión, con directa incidencia en los nombres que irán en la impresión de las boletas. En los hechos, es una pelea en la cornisa. Con el riesgo de que - por la compresión de los plazos propios de un cronograma electoral acotado- se llegue a un cuello de botella de difícil superación. El Superior Tribunal tiene la responsabilidad de encausar el proceso electoral en su recta final, abreviando de días a horas los plazos procesales para dar certeza a las decisiones que se tomen. Por si fuera poco, la "Dama de Hierro" reinstaló el análisis de una posible Intervención que, a esta altura, podría terminar siendo más amplia si los actores locales no entienden la complejidad del escenario. Los que conocen el paño reconocen que -difícilmente- la senadora Meabe haya girado en descubierto dando una vuelta de tuerca sin tener algo más que media palabra. Es que su voto, a partir de ahora, le permite pisar fuerte. En los hechos, en los últimos meses, Josefina venía jugando "a media máquina" respecto a esta iniciativa.
Por Confucio
Hace varios meses adelantamos que uno de los escenarios privilegiados de la contienda electoral del 15 de septiembre sería -inequívocamente- el de la Justicia.
No erramos en este diagnóstico, como tampoco en que la Justicia de Corrientes está en la mira del poder nacional, con la espada de Damocles que pende sobre el Poder Judicial, con un trámite parlamentario en el ámbito del Senado de la Nación que sólo necesita el impulso definitorio que podría, o no, llegar desde la Casa Rosada.
El Gobierno de Ricardo Colombi quizás -a esta altura- haya reflexionado de otra forma respecto al acierto o no de mantener un paraguas protector sobre varios de los supremos que por meses estuvieron a la espera de que la Cámara de Diputados dé curso al pedido de enjuiciamiento impulsado desde distintos sectores.
Es que el tema de la Justicia necesita de una política de Estado que lamentablemente no se ha dado en la provincia de Corrientes, donde hoy por hoy ningún justiciable goza de las mínimas garantías propias de un Estado de Derecho.
Sobresale por estos días el bajo perfil adoptado por el fiscal general, César Sotelo, quien parece haber tomado nota de que el ser más papista que el papa muchas veces lo termina dejando descolocado frente a una realidad cambiante como es la de la provincia de Corrientes, donde los escenarios se modifican con una velocidad que no pocos terminan de entender dónde están parados.
Sotelo es considerado uno de los alfiles del poder de turno. El acuerdo que sobre la raya alumbró Ricardo Colombi con los ex gobernadores, Tato Romero Feris y Arturo Colombi lo dejó algo más que en off side, sin discurso y con el paso cambiado.
Rápido de reflejos, Sotelo se llamó a sosiego, entendiendo lo que la mayoría del Poder Judicial entiende, que es que en la rueda de la política muchas veces se está arriba y otras abajo, pero que no hay que perder el sentido de ubicuidad propio que deben tener las personas que, más allá de las diferencias, forman parte de una sociedad que aspira a la convivencia y al respeto.
Personalizar las situaciones políticas a nada conduce. A la larga o a la corta se pagan las consecuencias de excesos que la experiencia de los tiempos en la vida institucional de Corrientes muestra más que claramente.
Los que hoy son amigos entrañables, muchas veces ligados por lazos de sangre, pasan a ser enemigos acérrimos para luego, como nada, volver a compartir proyectos inspirados en el interés común.
En este marco, no es bueno que los jueces o fiscales compren peleas ajenas y terminen siendo la válvula de ajuste o el jamón del sándwich muchas veces con costos propios.
El tiempo que es el mejor amigo de la razón muestra inequívocamente que en el devenir de las realidades políticas los equilibrios perdidos se restablecen. La inteligencia impone conservar la calma cuando otros la pierden, y entender la responsabilidad que impone el carácter de dirigentes, de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas o legisladores.
Una cosa abonada por la experiencia de la historia que la absoluta mayoría de los gobernantes olvida es que la gloria y el poder son efímeros. Ya lo decía un grande la política como fue Juan Ramón Vidal: «En política treinta años en el poder es un suspiro, una día en el llano es una eternidad».
Los que llegan al Gobierno habitualmente creen que seguirán estando siempre y confunden la naturaleza misma del poder, sin entender que una cosa es el gobierno y otra es el poder en su sustancia.
No en balde, en los últimos tiempos, se habla de lo que se da en llamar la «Santísima Trinidad», un trípode que conforman la Justicia, los medios y la opinión pública. Por debajo de ella, los partidos, los frentes y los dirigentes, que muchas veces -desde el Olimpo de sus cargos y desde el microclima de sus propios entornos- parecen olvidar que la democracia impone límites y tiempos, inexorables cuando no el tiempo que se da con el agotamiento de todos los ciclos en medio de una sociedad que es por naturaleza cambiante y en la que a los que hoy ensalzan mañana terminan demonizando.
En la columna de este domingo priorizaremos el tema local en desmedro del análisis que habitualmente se hace de la política nacional, de lo que pasa en la estratégica Provincia de Buenos Aires, o de lo que sucede en la Capital Federal.
HOY TODA LA EXPECTATIVA SE CENTRA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES
Ya lo hemos dicho una y otra vez, las elecciones se ganan o se pierden en la Provincia. Vale pues, la profundización del análisis con particular atención a lo que ocurre y ocurrirá en el campo de la disputa tribunalicia.
La senadora, Josefina Meabe rompió el silencio en las últimas horas. Luego de varios meses de mantener una posición expectante en este tema, un paso atrás de lo actuado por el Frente para la Victoria y dos de su par, el senador, José María Roldán, la legisladora del liberalismo salió a hablar del tema con definiciones de alto voltaje, que muy difícilmente las hubiera hecho sin tener una media palabra del poder nacional de que su opinión será definitoria a la hora de tomar una decisión en el tema Corrientes.
Por primera vez, en el bloque de Senadores, el análisis de la cuestión Corrientes abrió la posibilidad de que en el desarrollo del tratamiento en el recinto algún legislador plantee la necesidad de una intervención ampliada, circunstancia ésta que debe ser tenida en cuenta por los actores políticos e institucionales de la Provincia en este tramo final de la campaña, donde el recrudecimiento de la judicialización del proceso electoral podría terminar siendo la justificación que falta para la extensión de un remedio que, de concretarse, podría llevar a que Corrientes sufra una nueva interrupción institucional por dos años, coincidiendo con las elecciones en el resto del país.
Las informaciones contradictorias que surgen de los sondeos alientan a no correr riesgos en una provincia que -como Corrientes- precede en poco más de un mes a las elecciones nacionales del 27 de octubre.
En el marco institucional local, la sumatoria de complejas situaciones judiciales es más que una luz de alarma, máxime teniendo en cuenta la exigüidad de los plazos que impone el cronograma electoral.
Que en otras elecciones hubo problemas judiciales y graves, nadie lo olvida, pero nunca como ahora se han sumado y multiplicado tantas cuestiones, mayores y menores, que han enturbiado el proceso electoral al límite de poner las cosas en un punto de no retorno, obligando a que la Junta Electoral advierta los graves riesgos que supone votar sin padrones, como en el caso de las tres comunas, o demorar la definición de candidatos cuestionados.
Tres son las cuestiones que nítidamente sobresalen; dos de ellas de fuerte impacto en la estabilidad del proceso electoral. Esto es, la conclusión de la controversia en torno a la re-re, y la aún no saldada discusión en torno al voto en las tres comunas en conflicto.
El tercer tema, el del liberalismo, tiende a disiparse como fuente de problemas.
LA RENUNCIA DE CHANGO PÉREZ A SU CANDIDATURA
El viernes pasado, en horas de la mañana, en una reunión realizada con el presidente del PJ, Fabián Ríos se resolvió la renuncia del liberal a la primera candidatura, la cual se formalizó casi de inmediato con el patrocinio de la doctora Mansutti, apoderada del FpV. La renuncia de la otra candidata, la doctora Zulma Garay, aunque prometida no llegó a concretarse más allá de que a la hora de la decisión la juez Herrero aplicó «manu militari» a lo dispuesto por el Superior Tribunal, produciendo de oficio el corrimiento de las listas previa exclusión de los candidatos liberales, todo ello con absoluta prescindencia de lo resuelto por el juez Federal, Carlos Soto Dávila, quien reasumiendo su competencia había apuntado a suplir tardíamente las omisiones contenidas en la resolución de su subrogante legal, Juan Carlos Vallejos.
El retiro del apoyo del peronismo a la continuidad de la controversia judicial obedeció a dos cuestiones puntuales. Por un lado, en lo político, el menor peso electoral resultante de la exclusión de la boleta 51 de las listas del FpV. A ello se sumó un hecho no menor como es la necesidad de tener en la calle, en el menor plazo posible, las boletas del FpV, máxime en Capital, donde se libra la madre de todas las batallas.
En este marco, la consecución del pleito judicial, con la posibilidad de recurrir nuevamente a la Cámara y al Superior hubiera sido funcional a la conveniencia de ECO, que correría solo con su boleta dando el peronismo una enorme ventaja que a esta altura ninguno de los frentes está en condiciones de otorgar a su contrincante.
La caída del PL del Frente para la Victoria fue, a la postre la consecuencia de una serie de errores, no suplida a tiempo, que tampoco fue prevenida bajo la figura de la inclusión de los candidatos como extrapartidarios.
Desde el principio estaba claro que la Intervención del PL estaba floja de papeles. Con una decisión que aún está controvertida en el ámbito de la Cámara Electoral Nacional, la que podría revocar la medida haciendo lugar a la prórroga de los mandatos para ordenar el proceso electoral.
Más allá de esta circunstancia, lo que queda de manifiesto es que el juez Vallejos otorgó al Interventor designado facultades específicas y limitadas dentro de las cuales no estaba la posibilidad de constituir por sí alianzas ni designar candidatos, y menos auto proponerse el mismo Interventor como candidato a primer Diputado.
Otra desprolijidad fue la decisión del Juez de designar, como Interventor, a quien pertenecía a una de las partes en conflicto.
Al requerir la Juez Electoral provincial la aclaración al Juzgado Federal respecto a las facultades, solicitando la remisión de la resolución que habilite, el magistrado se limitó a interpretar él mismo una resolución que no existía, efectuando una comunicación por oficio que la Juez no tuvo en cuenta al momento de disponer la exclusión de los candidatos del liberalismo, en una decisión que fue ratificada por las dos instancias superiores en forma previa a una tardía y casi extraña ratificación del juez Soto Dávila, que con fecha 21 de agosto, varios días después del fallo del Superior, salió a ratificar lo que en la causa no existe.
En este contexto controversial medió una decisión política que cerró el conflicto en torno a las candidaturas provinciales, con lo cual el peronismo quedó en condiciones de imprimir su boleta sin que la continuidad de la pelea judicial entre liberales perjudique su estrategia de ganar la calle, boleta en mano.
En el Partido de Torrent se da por cierta la posibilidad de un recambio en la persona del Interventor del partido que, en el caso de concretarse, no sería sino por un allegado a la propia Josefina Meabe, aunque la posibilidad cierta de que la Cámara Electoral revierta la decisión del juez Soto Dávila, dejando sin efecto la Intervención, tornaría abstracta la discusión en torno a la salida del actual delegado judicial.
LAS OTRAS DOS CUESTIONES PENDIENTES
El viernes por la noche, la juez Herrero, de impecable desempeño hasta ahora, dispuso de oficio el corrimiento de la lista de candidatos reemplazando a los liberales excluidos.
Aplicó el criterio correcto, que será de aplicación a la sustitución de los jefes comunales no habilitados, esto es el corrimiento automático de las listas.
Otras dos cuestiones quedan para el lunes venidero. Por un lado, la impugnación del sector cassanista a los candidatos liberales que van en alianzas; y por otro, la impugnación a los candidatos que van como candidatos del Partido Liberal. Aún no está claro el criterio que tendrá en cuenta en el segundo de los casos, pareciendo claro conforme a los enunciados seguidos con la lista provincial que pasará a la reformulación de las listas en los municipios en los que el PL va en alianza.
LA SITUACIÓN DE COLONIA PANDO, TRES DE ABRIL Y SAN ISIDRO
Fue en su momento la Junta Electoral la que dejó en claro la imposibilidad legal y material de realizar la elección en esta tres comunas. Ante la fuerte y sostenida presión del Gobierno provincial, la propia Justicia se las ingenió para bajar un cambio a su posición inicial, buscando que mediante la aquiescencia del resto de las fuerzas políticas pueda prevenirse futuros acuses de nulidad que podrían complicar no sólo la definición en esas tres comunas, sino además en las respectivas cabeceras; esto es Goya, Bella Vista y San Roque, con imprevisibles derivaciones en la misma elección provincial, si esta fuera ajustada.
Será finalmente el STJ quien resuelva este entuerto cuya importancia -en términos institucionales- es sustantiva para la estabilidad a futuro del cumplimiento del cronograma electoral.
La persistencia de una actitud beligerante en esta puntual cuestión hace que los sensores rojos se enciendan el tablero institucional de la Provincia, en el cual un resultado previsiblemente parejo podría llevar a la multiplicidad de cuestiones que pongan en riesgo la aprobación del acto electoral.
Pareciera imponerse, en este contexto, una actitud inteligente acorde a la necesidad de disipar males mayores que necesariamente se plantearán según quién gane o quién pierda el 15-S. Ello porque las falencias que se han generado son de tal entidad, que en el matete creado en los padrones impide la asignación correcta de los votos habilitados.
¿LA RE- RE, ASUNTO TERMINADO?
En el ámbito de la Corte provincial se llegó finalmente a zanjar en los números una controversia que venía de transitar las instancias inferiores.
En primera instancia, en contra de la re- re, aunque con la posibilidad de proponer nuevos candidatos. En Cámara, a favor de la re-re. Sin tratamiento -por lógica- de la segunda cuestión.
En el Superior, nuevamente el escándalo. Su Presidente volvió a votar en primer término y lo hizo de la única manera que podría hacerlo, conforme a sus propios criterios ya esbozados en un fallo previo en la causa Vassell; Alejandro Chaín lo hizo a posteriori, con un voto en sentido contrario. Guillermo Semhan fijó su posición en línea con la del primer voto; en tanto que Juan Carlos Codello, el cuarto ministro en votar, lo hizo en la misma dirección que Chaín.
Se llegó así a un 2 a 2 que tornaba imperativo el voto desempate del ministro, Fernando Niz, quien al hacerlo en contra de las re-re terminó por volcar la balanza en un 3 a 2 que puso punto final a la controversia más allá de que el fallo alcanza a sólo 13 comunas de las 17 en conflicto, aunque la doctrina del fallo será de aplicación obligatoria para las instancias inferiores.
La difusión pública del fallo se hará una vez que las partes previamente hayan sido notificadas, seguramente antes del mediodía del lunes venidero, circunstancia ésta que demuestra, por parte del Superior, una actitud incompatible con la urgencia de los tiempos, no admitiéndose que en una situación como la presente no se hayan habilitado días y horas inhábiles como lo hizo hace muy poco la Corte Suprema, cuando debió resolver la cuestión electoral vinculada a la reforma judicial, anulando el llamado a elecciones para consejeros.
La Corte trabajó sábados, domingos y feriados. Los plazos fueron abreviados a horas, y corrieron para posibilitar la certeza que precisamente pide la Junta Electoral que preside Gustavo Sánchez Mariño, tanto a la Cámara Electoral como al propio Superior Tribunal.
Importa recordar que el caso de Goya quedó empantanado, sin resolución en la Cámara, más allá de que ahora, por la jurisprudencia ya fijada por el Superior deberá procederse con arreglo a ella.
¿QUÉ PASA CON SALADAS?
Por el desorden impuesto por el Superior en un tratamiento coherente de esta cuestión, parece darse la paradoja de que, finalmente, Alterats podría ir por un tercer mandato mientras sus colegas de otras localidades no lo podrán hacer.
Ello, porque en el caso Alterats antes de que el Superior se expida logró sentencia firme por parte de la Cámara Electoral que, al no ser apelada ante el Superior, terminó habilitándolo para un tercer mandato.
¿Y AHORA QUÉ?
La pregunta del millón es cómo sigue de acá en más la película, en relación a la impresión y distribución de la boleta. Está claro que el fallo del Superior Tribunal da una interpretación final a lo normado por la Constitución de la Provincia. Su fallo, en principio, no es susceptible de ser modificado conforme a la centenaria doctrina de la Corte, que considera esta cuestión como de orden provincial, ajena a la competencia del alto Tribunal.
Siendo ello así, esto es la imposibilidad que -en el tiempo- la Corte reconozca Derecho a los apelantes. Hay una cuestión de forma que pasa por el hecho de que nada impide que los afectados puedan intentarlo.
¿CUÁLES SON LAS VÍAS, Y QUÉ EFECTOS TIENE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO?
Las vías para llegar a la Corte son dos. Una, la que incorpora la reciente reforma legislativa que habilitó la posibilidad del per saltum, y que tuvo su estreno por parte de la Corte al admitirlo en el caso de la reforma judicial.
La otra es la vía del recurso extraordinario, que debe ser planteado ante el propio Superior Tribunal, quien tiene la posibilidad de concederlo o de rechazarlo.
Los efectos son sustancialmente distintos.
Si lo concede, la sentencia no queda firme; en tanto que si lo rechaza el fallo sí queda firme, sin perjuicio de que si a posteriori la Corte admite formalmente la queja, se vuelva para atrás.
En este contexto entra a jugar el tema del cumplimiento del cronograma y la aprobación y distribución de las boletas.
El interrogante es con qué nombres se imprime la boleta, y se vota ¿Con el del candidato cuestionado o con el reemplazante?
La respuesta deja de ser fácil. Si se saca de la boleta al Intendente no habilitado se torna abstracto el planteo judicial en trámite, por cuanto un eventual fallo a favor se tornaría ilusorio al no haber sido votado el candidato reclamante.
Por el contrario, si no se lo saca y el fallo le fuera contrario, quedaría excluido por la decisión judicial posterior, pero se plantearía la contradicción de que el cuerpo electoral del Municipio se habría expresado en torno a un candidato que finalmente no lo fue, distorsionando los resultados.
Así las cosas, se plantean un cuello de botella que, si no se advierte la gravedad del caso, podría tener consecuencias o derivaciones institucionales traumáticas.
El Superior en este contexto, lo más probable, como se ha hecho en otras situaciones de conflicto en otras provincias, se anticipe mediante acordada a abreviar notoriamente los plazos recursivos de modo de poder conceder o rechazar el recurso antes del viernes 30 que le fijó la Junta Electoral como término límite, y ello porque de no hacerlo así los tiempos se escaparían inevitablemente llevando a un colapso del cronograma en curso.
O sea, que dispuesta la no re-re de los intendentes, los afectados pueden irse a baraja siguiendo adelante con lo que tienen y abandonando la vía judicial como lo han hecho los liberales; o por el contrario, pueden profundizar el conflicto judicial para lo cual deben optar por la vía rápida del per saltum o la vía demorada del recurso extraordinario.
En este último caso será el Superior quien ordene los plazos para evitar que el estado de indefinición supere al 30 de este mes.
En el caso de que se opte por la vía del per saltum, habría que esperar que la Corte admita en primera instancia la vía, y luego falle sobre la cuestión planteada, todo algo fuera de toda posibilidad lógica conforme a los precedentes del centenario Tribunal.
En ambos casos es de esperar que el Superior, anticipándose, disponga una severa abreviación de los plazos electorales, de modo que, sin violentar el control de constitucionalidad, garantice la legalidad del procedimiento.
EL VALOR Y PESO DE LAS ENCUESTAS
En ambos campamentos hay optimismo. Se remiten a encuestas disponibles que los favorecen según la óptica de cada uno. En este contexto, de ser así, no debería extrañar que Ricardo ponga el freno en las cuestiones judiciales, puesto que si está tan seguro de una diferencia importante, nada justifica el poner en riesgo el cumplimiento del cronograma electoral tensando la cuerda en torno a las tres comunas, o con la insistencia en torno a la re- re. El árbol no le debería dejar de ver el bosque, salvo, claro está, que los números no sean los que dice, o que asuma el riesgo de un colapso institucional que se produzca por la agudización de la tensión en la profundización del conflicto.
En este aspecto, el Gobernador ha mostrado ser un hombre práctico, rápido de reflejos, que pelea sin miramientos hasta el momento en que es consciente de la necesidad de llegar a acuerdos como los que terminó realizando con Arturo o con Tato, o de recoger el lazo buscando el camino más corto.
EL OTRO DILEMA
Hemos dicho ya de la importancia de una decisión rápida respecto a cómo seguir, esto es si levantar el pie del acelerador en la cuestión judiciable, como por caso lo ha hecho el Frente para la Victoria, largando la mano al PL intervenido, para priorizar la impresión y distribución de la boleta. O por el contrario, enredarse en una discusión tribunalicia que conspira -y mucho- con los resultados políticos, perdiendo poder de fuego en el momento en que se define la batalla.
El Gobierno provincial tiene estas horas para decidir. Del acierto o del error depende en mucho el resultado de la elección. Es indudable que el partido se ha puesto 1 a 1, y que el Frente para la Victoria ha tomado aire con esta decisión de la cúpula tribunalicia, luego del fuerte impacto que significaron los resultados de las Paso, en un resultado que, aunque previsible, no tuvo en el delfín presidencial la respuesta política y mediática que debió tener en función a que la lectura de los guarismos no daba para mostrar una debilidad que la adecuada lectura de los propios resultados no llevaban a eso.
Ahora es el Gobierno provincial el que ha clavado la rodilla en la lona del ring. El público sigue atento el desarrollo de una pelea que entra en las tres últimas semanas, en términos del box, en los últimos cinco rounds.
Primará el temple, pero también el resto físico y la inteligencia para responder golpe a golpe sin abandonar la iniciativa.
¿Cuál es el otro dilema? Ni más, ni menos la definición del criterio a seguir para el reemplazo de los candidatos no habilitados. En el supuesto de que el Gobierno abandone la consecución de la lucha para mantener a los candidatos objetados, renunciando a la apelación a la Corte, podría intentar evitar el criterio del corrimiento que siguió la Juez Electoral en el caso de los liberales, para intentar la sustitución por nuevos candidatos.
Acá se abre una discusión que, como toda discusión en el mundo del Derecho, tiene media biblioteca para un lado y media para el otro.
Ante el veto a los candidatos propuestos ¿se impone el corrimiento o se puede autorizar a los partidos o frentes a proponer reemplazos?
La Juez Electoral mostró criterios contrapuestos. En el caso de las re-re sentó el criterio de admitir reemplazos. En el caso de la lista de legisladores del Frente para la Victoria, al eliminar a los candidatos liberales dispuso el corrimiento, y lo hizo de oficio.
En los hechos, la posibilidad de proponer nuevos candidatos supone alterar las reglas de juego y quebrar el principio de igualdad. Es que los jefes comunales que sabían que sus postulaciones iban flojas de papeles, de hecho han asumido correr el riesgo de los resultados. En Derecho nadie puede alegar su propia torpeza, por la teoría de los actos propios resulta difícil abrir la posibilidad de sanear a posteriori una situación por ellos mismos creada.
Por lo demás, si se los autoriza para proponer nuevos candidatos se estaría sentando un precedente y una vía para que en otras situaciones, en el futuro, se siga este procedimiento no del todo lógico, porque es una realidad de que si se permite esta posibilidad debería reabrirse el cronograma para que todos los sectores políticos en pugna puedan proponer nuevos candidatos en función a que quizás, por caso, en el tema Goya algunos no se presentaron al ver que era de la partida Ignacio Osella, un número puesto al entender de los que conocen el paño. En este barajar y dar de nuevo que surge del fallo del alto Tribunal, Osella no está en carrera, y frente a esta circunstancia, por un elemental principio de igualdad, otros vecinos de Goya podrían anotarse en la disputa.
Lo cierto es que a esta altura el cronograma no puede reabrirse. El plazo para la inscripción de candidatos ha vencido para todos, sin excepciones que, de producirse no sólo sentarían un precedente, sino que además quebrarían el aludido principio de igualdad.
Ya, en este turno electoral, la Justicia ha puesto de manifiesto que el vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos resulta impeditivo e irretrotraíble.
LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL: LA EVOLUCIÓN DEL REAL E INFORMACIÓN SOBRE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Está culminando la semana con fuertes oscilaciones en el mercado de cambio. Es así como hacia el jueves 22, la cotización del dólar cerraba a 2,432 reales por unidad, luego de haber superado, en algún momento de la semana, a los 2,45 reales.
Como novedad, puede señalarse que se extiende en el mercado un fuerte consenso, que señala que los operadores entienden que está consolidándose un nuevo piso para la cotización. En principio, ese nivel sería de 2,40 reales, aunque algunos analistas entienden que, durante el presente trimestre, se podría testear el nivel de 2,50 reales.
Por su parte, el Banco Central ha decidido actuar en el mercado de futuros con posiciones vendedoras, procurando orientar un sendero que no produzca alteraciones alcistas en el mercado de tasas de interés. Debe señalarse que la entidad, actualmente, cuenta con 373.000 millones de dólares de reservas internacionales, lo cual le otorga un importante poder de intervención en el mercado de contado.
Por otra parte, y especialmente a partir del segundo trimestre, comienza a advertirse una recuperación de las exportaciones industriales, en tanto las expectativas de la industria manufacturera se alinean positivamente con relación a la actual evolución cambiaria.
Parece ir quedando claro que se está en presencia de una suba «administrada» del tipo de cambio, siguiendo un sendero vigilado por el Banco Central, el cual seguiría con atención su evolución, determinado por las fuerzas del mercado, disponiendo intervenciones de contado y de futuro, en tanto las fluctuaciones del mercado signifiquen un riesgo para las metas inflacionarias establecidas por la entidad. Un tema para seguir con particular atención.
De acuerdo con la información suministrada por la Confederación Nacional de Industrias, a través de su Encuesta Industrial, que comprende a la industria extractiva y manufacturera, el índice durante julio fue de 52,1 puntos, con fuerte suba con respecto a los 46 puntos de junio. Esta evolución restableció al índice en la zona de expansión.
Con relación a los comportamientos sectoriales, se detecta que la industria extractiva pasó de los 47,8 puntos en junio a 51,8 puntos en julio, mientras que la industria manufacturera evolucionó positivamente, desde los 44,8 puntos en junio, a los 50,9 puntos en julio.
Dos datos de relevancia de esta encuesta indican que esa evolución no mejoró el nivel de empleo, en tanto se advierte que los inventarios aún permanecen en niveles altos. Para observar.
Con referencia a otros sectores, se observa que la actividad de la construcción permanece en una zona de estancamiento. Así es como el índice sectorial, para julio fue de 46,5 puntos, algo superior a los 44,3 de junio. Durante el corriente año, el índice no superó los 50 puntos, revelando la situación de estancamiento del sector.
La situación económica brasileña atraviesa por un momento de alta complejidad, lo cual de alguna manera se refleja en la evolución cambiaria. Los resultados del manejo que realice el Banco Central, en la dirección de «guiar» adecuadamente lo que aparece como un claro sendero de depreciación cambiaria, condicionarán los movimientos futuros de la economía.
LA SITUACIÓN LOCAL: NOVEDADES DESDE NUEVA YORK, DESDE EL NIVEL DE ACTIVIDAD Y DESDE
EL SECTOR EXTERNO
Si bien no de manera sorpresiva, la ratificación del fallo del juez Griesa, por parte de la Cámara de Apelaciones, materializada a partir del rechazo a la propuesta de pago de Argentina contenida en la apelación presentada oportunamente, con seguridad introducirá factores adicionales de tensión a la economía.
Ocurre que, a pesar de que el tema quedó en la esfera de la resolución de la Corte Suprema, es indudable que todo indicaría que se está en un escenario en el cual el fallo será ratificado y deberá pasarse a la instancia de su cumplimiento. Sin duda es un factor de perturbación, que añade complejidades adicionales al ya inestable escenario local, independientemente de que para algunos observadores, se ha ganado algo más de tiempo para la resolución del tema.
De acuerdo con la información de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas, suministrada a través del Índice de Producción Industrial, la actividad registró una caída del 0,8 por ciento durante julio, con relación al mismo mes del año anterior. Con respecto a junio, y en términos desestacionalizados, no se registraron variaciones.
Para los primeros siete meses, y en la comparación interanual, la actividad registró una leve caída del 0,3 por ciento. Para la misma comparación, los sectores que registraron mejor comportamiento fueron: automotores (+18,6 por ciento), minerales no metálicos (+6,7) y alimentos y bebidas (+0,7).
Dentro de esa misma comparación, el sector metalmecánico se contrajo en un 10,2 por ciento, el siderúrgico en un 2,4 y el textil en un porcentaje similar, dentro de los más destacados.
Con relación al comercio exterior, el superávit durante julio alcanzó a 770 millones de dólares, siendo un 39,7 por ciento inferior al mismo registro de 2012. En el acumulado anual, el saldo positivo fue de 5.725 millones, que resultó un 28 por ciento inferior al registro de 2012.
En este análisis sobresale el fuerte incremento importador de la cuenta de combustibles y lubricantes, en tanto esta evolución está acompañada por la desaceleración de las exportaciones.
Se destaca que el Mercosur es el primer destino de las exportaciones, con fuerte incidencia de las de origen industrial, en tanto que para las importaciones, también aparece el bloque como el principal origen.
En un contexto de fuertes deslizamientos de tasas, tanto pasivas como activas, se intensificó el ritmo devaluatorio, que hacia el cierre de 2013 constituirá el proceso de depreciación más intenso de los últimos 10 años.
Domingo, 25 de agosto de 2013
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