POLÍTICA O CORPORACIONES por Soledad Guarnaccia
"Los proyectos que anunció Cristina sobre el Poder Judicial tienen el sello de estos últimos diez años"
El debate en torno al Poder Judicial plantea el desafío de construir poder popular al interior de un ámbito que en treinta años no ha recorrido el camino de su democratización. Cristina Kirchner inició su discurso de apertura de las sesiones parlamentarias del 2013 aludiendo a dos aniversarios: los 30 años de democracia y los 10 años de gobiernos kirchneristas.
El cruce de ambas efemérides habilita una pregunta -que suele ser desatendida porque en general se asocia al kirchnerismo con la crisis del 2001, los años setenta o el primer gobierno peronista-: ¿en qué sentido los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner forman parte y a la vez resignifican este ciclo de 30 años de democracia argentina?
Uno de los problemas de este ciclo de 30 años consistió en vincular la posibilidad de elegir a los representantes con los procesos de democratización de la sociedad, la economía y la política. Porque no siempre el voto y la democratización han ido de la mano: la elección de Bussi en Tucumán o la venta del patrimonio nacional por parte de representantes legitimados en las urnas son sólo algunos ejemplos de esta problemática.
Ahora bien, durante estos 30 años, el voto y la profundización de los procesos de democratización pudieron comunicarse cuando aparecieron actores que se propusieron algo que está en la raíz misma del concepto de democracia: la construcción de poder popular. Aun cuando no haya sido el único actor que se lo propuso, el kirchnerismo se singulariza como proyecto político en la tenacidad y profundidad con que ha buscado este objetivo.
Esa construcción de poder popular se fue tejiendo de muchas maneras. En primer lugar, sobre la base de un conjunto de políticas tendientes a la democratización del ingreso, que Cristina Kirchner enumeró en largos tramos de su discurso.
"El kirchnerismo reconoció desde sus inicios que para construir poder popular era necesario desearlo y, por ende, asumirse como actor político".
En segundo lugar, el kirchnerismo reconoció desde sus inicios que para construir poder popular era necesario desearlo y, por ende, asumirse como actor político. Esto último no es una obviedad, dada la proliferación y persistencia de discursos impolíticos que sostienen que el poder es en sí mismo malo y corrupto.
En tercer lugar, el kirchnerismo ha sabido construir poder popular apoyando desde el gobierno y el Congreso a actores sociales claramente subalternos en relación con el poder de las corporaciones y, también, ha sabido apoyarse en amplios sectores sociales para impulsar transformaciones políticas de envergadura dentro de los propios poderes del Estado. Si la Ley de Medios es un ejemplo del primer caso, la renovación de la Corte Suprema menemista lo es del segundo. Así, ha demostrado que el poder popular no surge ni del gobierno ni de la sociedad, sino de la articulación entre fuerzas de uno y otro ámbito.
Finalmente, el kirchnerismo ha construido poder popular a través de un procedimiento que tanto se le ha criticado: promoviendo discusiones políticas que convocan a la controversia pública y no a la contemporización de los intereses preexistentes. De aquí que los proyectos que anunció Cristina Kirchner sobre el Poder Judicial no sean novedosos: tienen el sello de estos últimos diez años.
En sintonía con un importante (pero no el más poderoso) número de actores que busca impulsar transformaciones al interior de un Poder que en estos treinta años no ha recorrido el camino de su democratización, la Presidenta introdujo, entre otros proyectos, la posibilidad de que los miembros que integran el Órgano que designa y controla el desempeño de los jueces sea elegido por sufragio universal.
Aunque los proyectos de ley todavía no han sido enviados al Parlamento, la controversia se inició inmediatamente. A las previsibles críticas de la oposición se sumaron las voces de algunos sectores de la institución judicial. Una de las primeras réplicas públicas estuvo a cargo del juez de Cámara Luis María Cabral, actual presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y ex- presidente del Consejo de la Magistratura. En declaraciones a Radio Mitre y Radio América, el camarista anticipó su rechazo a la modificación del sistema de elección de los representantes de los jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura.
“La identidad entre el representante y el representado reside en su misma condición de ciudadanos”.
Su argumento consistió en afirmar que si la elección se realizara a través del voto popular se violaría la identidad entre representante y representado. Lo que Cabral no explicó es que, justamente, la discusión que abre este proyecto gira en torno a esa identidad, que puede ser interpretada o bien como en el Medioevo, en términos estamentales –en cuyo caso, se entiende que los jueces elijan a los jueces- o bien en un sentido más cercano a la política moderna, según la cual la identidad entre el representante y el representado reside en su misma condición de ciudadanos.
Es esta concepción escasamente igualitaria la que permite sostener que "el Poder Judicial es el poder más diverso de los poderes del Estado porque refleja la diversidad de la sociedad y su pluralismo". Que este diagnóstico no sólo es falso sino también cínico se aprecia rápidamente con sólo verificar la extracción de clase y el predominio del género masculino de quiénes tienen acceso a los cargos, quiénes cuentan con probabilidades de sobrellevar un juicio con éxito y cuál es el universo social de los que resultan condenados, sobre todo en materia penal.
Por último, con relación al proyecto de modificar el régimen de aplicación de las medidas cautelares, el Juez reveló la incapacidad efectiva de la institución judicial para resolver los problemas que ella misma identifica: “es un tema que merece atención y que siempre estuvo en discusión, que lleva más de 60 años". Claramente, esa dilación, en un lapso de tiempo tan significativo, ofrece una razón de peso para discutir su resolución en un ámbito más amplio que aquel que lleva seis décadas sin resolver el problema.
De este modo, en relación con el Poder Judicial, Cristina Kirchner planteó una discusión política impensable sin el ciclo que se abre en 1983, pero que lleva en sí la marca de estos últimos diez años. Se trata de ampliar el proceso de construcción de poder popular a esferas que siendo sede de interpretación y custodia de la norma fundamental del Estado, verifican enormes dificultades para recepcionar las transformaciones estructurales que demanda nuestro tiempo.
Martes, 5 de marzo de 2013
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