OPINIÓN
Tres fallos de alto impacto político
El Gobierno celebra este fin de semana el levantamiento de las medidas cautelares que impidieron durante más de tres años la adecuación de los grupos mediático monopólicos a la Ley de Medios, luego de haber manifestado su indignación por la absolución de los trece acusados en el juicio por la desaparición de la joven Marita Verón hace más de diez años. El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo tiene motivos para estar contento por el fallo del juez de primera instancia, sino porque el Tribunal Internacional de los Derechos del Mar reconoció la soberania de la Argentina sobre la Fragata Libertad y ordenó su inmediata liberación.
El repudio a la sentencia absolutoria del tribunal tucumano provocó manifestaciones en distintas ciudades del país, así como la condena generalizada de todo el arco político y de la presidenta de la Nación, quién sugirió que el pronunciamiento estuvo precedido de arreglos por "plata".
El escandaloso fallo del caso Verón movió a Cristina Fernández a redoblar sus críticas del domingo pasado al funcionamiento de la Justicia, a la cual le adjudica contornos corporativos y llamó el miércoles a iniciar "un proceso de democratización del Poder Judicial" para el cual reclamó "controles republicanos".
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti negó que se trate de "un poder corporativo, sino de un poder del estado", mientras que el juez Raúl Zafaroni acordó con la jefa de Estado en la necesidad de "democratizar al Poder Judicial".
El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, dijo que su bancada trabajará en la dirección señalada por la presidenta de la Nación para buscar alguna fórmula que permita "un mayor control social" sobre los magistrados judiciales.
Por su parte, el representante del FPV ante el Consejo de la Magistratura, senador Marcelo Fuentes, señaló que el bloque oficialista de la cámara trabaja en proyectos que instituyan el juicio por jurados y que sometan a revisión la permanencia de los jueces en sus cargos vitalicios. "Son los únicos a los cuales no los vota nadie", advirtió Fuentes.
La diputada kirchnerista Diana Conti y el constitucionalista Eduardo Barcesat sostienen en cambio que para poder realizar una transformación a fondo del Poder Judicial se requiere una reforma constitucional que habilite los cambios, aunque no descartan las posibilidades apuntadas por Fuentes.
El representante radical ante el Consejo de la Magistratura, Oscar Aguad, rechazó al igual que su correligionario Ricardo Gil Lavedra cualquier intento de reforma constitucional, en virtud de que expresaron sus temores en el sentido de que el oficialismo intente habilitar por esa vía una nueva reelección de Cristina Fernández.
El impacto político-social que produjo el injusto fallo por la desaparición de la joven que se sospecha fue secuestrada por una red de proxenetas, movió a la presidenta de la Nación a habilitar el tratamiento del endurecimiento de las penas para este delito en las sesiones extraordinarias del Congreso que se extenderán hasta fin de año.
El proyecto -que además de elevar las penas establece mayor protección para las víctimas- cuenta con sanción del Senado, por lo cual podría convertirse en ley el próximo miércoles, en la primera sesión extraordinaria en la cámara baja.
La repulsa en la provincia norteña movió al gobernador de Tucumán, José Alperovich, a suplantar a su ministro de Seguridad, Mario López Herrera, por José Grossenbauer, quién mantiene un fluido dialogo con la madre de la chica desaparecida, Susana Trimarco.
Los graves incidentes registrados ante la casa de Tucumán en Buenos Aires, sumados a los actos vandálicos producidos por hinchas de Boca en las inmediaciones del Obelisco, detonaron además el reemplazo del jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila por su camarada Román Di Santo.
El gobierno condenó con severidad el fallo de la justicia tucumana en el caso Verón y celebró en cambio la declaración de constitucionalidad y el fin de la protección cautelar de la que gozó el grupo Clarín, que ahora apelará la sentencia del juez Horacio Alfonso ante la cámara integrada por magistrados que fueron recusados sin éxito por el gobierno.
Esto implica que la cuestión continuará en los estrados judiciales hasta recalar seguramente en la Corte Suprema de Justicia, en la cual existe la idea de que la ley de medios no afecta a la libertad de prensa, ya que se trata de una norma antimonopólica.
El titular del organismo rector en materia de medios audiovisuales, Martín Sabbatella, expresó su alegría por el fallo que le permitirá avanzar ahora en el proceso de adecuación de los grupos mediáticos a las limitaciones impuestas en el artículo 161, pero, al igual que otros funcionarios gubernamentales, lamentó que una ley de la democracia haya sido paralizada durante más de tres años por la presión de las corporaciones.
El fallo del juez Alfonso también puso fin a la dudosa situación institucional planteada por el hecho de que una decisión adoptada por un magistrado que no es elegido por el voto popular, resulte a contramano de lo votado por abrumadora mayoría por los representantes del pueblo, que son elegidos en las urnas.
Sábado, 15 de diciembre de 2012
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