Hugo Wortman Jofré, negó que se haya querellado a periodistas
Los alcances de la denuncia por instigación a la violencia de Clarín
El escrito apunta a funcionarios del Gobierno por acusar a la empresa de armar protestas e intentos golpistas. El abogado de Clarín, Hugo Wortman Jofré, negó que se haya querellado a periodistas. "Son testigos, si dicen que dieron una opinión, desistimos", explicó.
Los abogados del Grupo Clarín trazaron ayer los reales alcances de la denuncia hecha la pasada semana ante la Justicia “en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios”.
“En dicha denuncia -explica un comunicado de los abogados firmantes de la denuncia, José María Sáenz Valiente, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada- se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva. (art. 212 del Código Penal)”
La aclaración llegó porque el escrito fue interpretado por medios oficialistas como una denuncia contra un grupo de periodistas. “La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable. No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos”. Los periodistas mencionados “actuarán exclusivamente como testigos a los fines de que -de poseerla, como sugieren sus manifestaciones- aporten información sobre los hechos denunciados. No nos referimos a opiniones, sino a información concreta sobre la investigación”, agrega.
En concreto, la denuncia afecta al ministro de Justicia, Julio Alak, al Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, al titular de la AFSCA, Martín Sabatella, al diputado nacional por el FPV Edgardo De Petri y al legislador porteño Juan Cabandié, del FPV.
La denuncia también pide que la Justicia cite a declarar a los periodistas Roberto Caballero, director del diario Tiempo Argentino, Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, columnistas del programa televisivo ultrakirchnerista “678” y a Javier Vicente y Edgardo Mocca.
“No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”, dice el comunicado que informa que hoy, al ratificar la denuncia, se dejará en claro ese punto. “Por último, se afirma que el Grupo Clarín también resulta víctima del delito de coacción al ser amenazado con sufrir graves consecuencias, por el solo hecho de ejercer sus derechos constitucionales, como acudir a la Justicia y peticionar a las autoridades”, añade.
La presentación recuerda que Alak vinculó al Grupo Clarín con el secuestro de Alfonso Severo, testigo en el juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreyra; Zannini acusó al Grupo Clarín de “querer voltear al Gobierno”; Sabbatella, a través de su agrupación partidaria, acusó al CEO de Clarín, Héctor Magnetto de “fogonear la violencia y el golpismo”; durante la protesta de gendarmes y prefectos de octubre pasado, De Petris dijo que había sectores “trabajando para la destitución todos los días (...) Es lo que está haciendo el multimedios Clarín”; y Cabandié dijo sobre la misma protesta: “Magnetto es quien está atrás de estas cosas”.
La referencia en la denuncia a los periodistas ligados al kirchnerismo provocó rechazos en diversos tonos. Los afectados dieron una conferencia de prensa ayer en el CELS, que se hará cargo de sus defensas. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también expresó su rechazo. Lo mismo hicieron varios intendentes del conurbano, la agrupación HIJOS y la legisladora Victoria Donda que señaló lo que juzgó una “muy mala señal para el conjunto de nuestra sociedad, tanto la agresividad del Gobierno nacional para el Grupo Clarín y algunos periodistas, como intentar judicializar, como está haciendo Clarín con esta demanda”.
La presentación del Grupo Clarín advierte que “el hecho de que se nos vincule a un hecho tan censurable como un golpe institucional, genera el consecuente temor cierto de sufrir consecuencias personales como la puesta en riesgo de nuestra integridad física”. Wortman, un abogado conocido por su defensa de la libertad de expresión en la sociedad civil, señaló ayer que algunos directivos del grupo “ya corren riesgos porque en la casa de algunos hubo pintadas de “Clarín, con la democracia no se jode”.
Lunes, 26 de noviembre de 2012
