Los dispuso la jueza porteña Elena Liberatori, que de esta manera dejó sin efecto el instructivo dispuesto por el Ejecutivo de la Ciudad para que las autoridades educativas denuncien la toma en colegios. La medida judicial fue informada en conferencia de prensa por el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo porteña, Roberto Gallardo, junto a dirigentes de la UTE-CTERA, quienes con legisladores porteños se presentaron ayer ante la justicia para denunciar el instructivo que el gobierno porteño envió a los rectores.