A través de un proyecto de resolución piden saber la ejecución presupuestaria anual del instituto. Se apoyan en la ley nacional 24.464 que determina que “todos los estamentos del estado provincial encargados de las políticas de vivienda deberán presentar anualmente un informe sobre la aplicación de los fondos, beneficios y características de las soluciones habitacionales, para lo cual habrá que convocar a audiencia pública”.