TIENEN CONDENAS POR SECUESTRO Y DESAPARICIONES, PERO ESTAN EN SUS CASAS
Organizan “escraches sociales” por el arresto domiciliario de represores
La semana pasada, el Tribunal Federal de Corrientes concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esta capital, Goya y Paso de los Libres.
Referentes de las comisiones de Derechos Humanos de Goya y Paso de los Libres hablaron de cómo actuarán ante este privilegio a genocidas. En Capital también se están organizando.Difundieron en redes sociales el momento en que Carlos Faraldo estaría regresando a su hogar.
La semana pasada, el Tribunal Federal de Corrientes concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esta capital, Goya y Paso de los Libres. Frente a este contexto, representantes de comisiones de Derechos Humanos de la provincia adelantaron a El Litoral que, además de presentar su oposición ante la Justicia, harán escraches sociales para que los vecinos conozcan los crímenes que cometieron las personas con quienes conviven en sus barrios.
Los genocidas que volvieron a sus casas son: el ex militar Rafael Julio Manuel Barreiro, condenado en agosto de 2008 a perpetua en el juicio por las desapariciones, secuestros y torturas del ex Regimiento 9 de esta capital; el represor Carlos Faraldo, un civil que operó para la dictadura cívico militar y que recibió dos condenas, a 25 años de prisión en julio de 2013 y a 16 años en junio de 2017 por la desaparición del estudiante Héctor “Pata” Acosta; Alberto Silveira Escamendi, ex militar condenado a 25 años de prisión por la causa “Panetta”, que en 2011 investigó desapariciones en Goya.
Por el caso de
“Pata” Acosta
“Estamos en movilización permanente, estamos siguiendo los casos. Nos estamos movilizando desde lo legal y nos estaremos presentando en el Juzgado aunque sepamos que la Justicia está cumpliendo órdenes políticas. Vamos a seguir los pasos que debamos cumplir pero también vamos a dar un castigo social, lo mismo que hicimos cuando retornó la democracia. Habrá escraches y otros tipos de movilizaciones sociales para que los vecinos conozcan quiénes son estas personas”, dijo a este medio Alejandra Mumbach, presidenta de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres y miembro del Comité contra la Tortura en Corrientes.
Respecto al arresto domiciliario, indicó que el día 4 de enero habrían otorgado prisión domiciliaria a represores y que ese mismo día vecinos de Faraldo vieron movimientos en su casa.
En relación al “escrache social”, agregó que “nuestra intención es que su rostro sea visible”. “Es una familia muy conocida en Paso de los Libres, haremos que sepan que la sociedad no se olvida de lo que hicieron estos genocidas”.
“Nos parece una noticia terrible que goce de prisión domiciliaria. Hemos seguido desde la comisión los juicios de lesa humanidad en la provincia, en el caso de Faraldo fue condenado a 25 años de prisión y luego a 16 años por la desaparición de un adolescente; la Justicia dijo que era responsable directo y hace dos días nos enteramos de que está en su casa. No buscamos venganza, buscamos justicia y que la misma se cumpla en una cárcel común, no con estas prisiones de privilegio. La mitad de los genocidas del país ya gozan de arresto domiciliario”, expresó Mumbach a El Litoral.
“Nos estamos movilizando desde lo legal y nos estaremos presentando en el Juzgado. Vamos a seguir los pasos que debamos hacer pero también vamos a dar un castigo social, lo mismo que hicimos cuando retornó la democracia”.
En este sentido, agregó que “están gozando de beneficios que no los tuvieron las víctimas, no tienen ningún tipo de arrepentimiento, aún no dicen dónde están los desaparecidos”. “Sólo puedo perdonar a quien se arrepiente y ellos no lo hacen. En Paso de los Libres tenemos el puente internacional donde sabemos que sucedieron los operativos retornos, sucedieron muchas cosas donde los genocidas participaron, cantidad de compañeros aún desaparecidos”, indicó la representante de Derechos Humanos.
Desaparecidos en Goya
La Justicia benefició con la domiciliaria a Alberto Silveira Escamendi, ex militar condenado a 25 años de prisión por la causa “Panetta” que en 2011 investigó desapariciones en Goya. Al respecto, habló con El Litoral Gladis Hanke, por la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de esta ciudad correntina.
“Integro la comisión que fue querellante en la causa del 2011, uno de los condenados fue Silveira por el secuestro y desaparición Abel Arce y Elida Goyeneche de Sobko. En este juicio hubo seis represores condenados. A estas víctimas se suman centenares de personas torturadas. Por supuesto, vamos a pronunciarnos en contra de este arresto domiciliario porque no podemos permitir que tengan tantos privilegios personas que han cometido crímenes aberrantes”, comentó Hanke.
En relación a lo que sucede a nivel nacional (más de 500 represores en libertad), opinó: “Tenemos una política de retroceso en relación a los Derechos Humanos. Nos pronunciamos en contra de estos arrestos domiciliarios. No podemos dar privilegios, tenemos familiares que aún buscan el cuerpo de las víctimas, que no pueden darles sepultura. La Justicia está siendo cómplice de un Gobierno que privilegia a genocidas”.
A la vez, agregó que van a reunirse mañana con referentes de organismos de Derechos Humanos de Corrientes y de provincias vecinas. “Se dará a conocer una declaración en conjunto y se difundirán las acciones que se llevarán adelante”, expresó.
“Espero que la sociedad no se olvide y que sepa que están privilegiando a genocidas. Estamos frente a un régimen democrático también represivo a la vez”, dijo.
En Capital
En esta ciudad estaría viviendo en su domicilio el ex militar Rafael Julio Manuel Barreiro, condenado en agosto de 2008 a perpetua en el juicio por las desapariciones, secuestros y torturas del ex Regimiento 9.
“Lo primero que nos sucede como familiar es la indignación. Sabemos la historia de estos tipos de asesinos y nos indigna que la gente les podría tener lástima. Me parece muy injusto y un mensaje negativo para la sociedad. Todo el pueblo debe saber los actos aberrantes que se cometieron durante la dictadura. Tenemos una justicia amiga de este Gobierno que es la pata civil de la dictadura”, dijo a El Litoral Rosario “Charito” Ayala, familiar de una víctima.
En relación a las movilizaciones que harán en Capital, comentó que “nos estamos comunicando entre familiares y referentes, decidiendo propuestas para la semana próxima, primero daremos un comunicado”.
Por su parte, una de las referentes de Derechos Humanos, Hilda Presman, señaló: “Esto tiene que ver con una situación a nivel nacional que se viene profundizando. Según los informes que se difundieron, más de la mitad de los represores detenidos ahora están con arresto domiciliario. La situación de Corrientes no escapa a esto. Se alertaba respecto a esto hace varios años y es una tendencia que se viene agravando. Hay un manto de impunidad”.
“Hay que reforzar la lucha contra la impunidad que va más allá de los arrestos domiciliarios. Hay un esquema de poder que sostiene a estos genocidas”, remarcó Presman.
Domingo, 7 de enero de 2018
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