PROVINCIA
EL GOBIERNO QUIERE QUE EL AUMENTO DE COSTOS DE ENERGÍA SE TRASPASE AUTOMÁTICAMENTE A LOS USUARIOS
La Defensoría pidió que “se gestionen susbsidios a fin de que los efectos del ‘pass through’ no impacten en los usuarios, es decir no trasladar a los usuarios los costos de las medidas que se adopten para paliar el tratamiento de las pérdidas”.
Presidido por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, se llevó a cabo ayer en la localidad de Caá Catí la audiencia Pública cuyo objetivo fue conocer y analizar la opinión de los distintos sectores interesados, previo a la adopción de una decisión, referida a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial del procedimiento de traspaso automático (pass through) de los futuros cambios en los costos de compra de energía, potencia y servicios de trasporte a la tarifa final para la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). El Defensor del Pueblo, César Vallejos Tressens, pidió que se facilite el acceso a la información y que se resguarde a los sectores más vulnerables.
Esta audiencia pública, concretada de acuerdo con los términos del artículo 48 de la Constitución Provincial y Ley N° 5.982, tuvo lugar en el Salón Municipal de esa localidad, ubicado en calle Blanco Vega 463.
El ministro Rodríguez, quien estuvo acompañado por el subinterventor de la Dpec, Néstor Héctor Fernández, entre otros funcionarios provinciales, resaltó que “el objeto de esta audiencia pública es la de poner a consideración del público en general el mecanismo que permite pasar a la tarifa de usuarios finales un valor representativo del costo de compra de electricidad de la Dpec. (Por su denominación en inglés este mecanismo es conocido como ‘pass through’).
“De más está decir, entonces, que de manera alguna se busca aprobar un incremento tarifario”, recalcó.
Explicó que “si bien, tanto para la normativa nacional como la de las provincias argentinas no es obligatorio convocar a audiencia pública para realizar un ‘pass through’, en ciertas ocasiones la Justicia ha trabado la aplicación de este mecanismo a raíz de presentaciones realizadas por entidades representativas de los usuarios finales”.
“Este fue también el caso de la Dpec, por lo que se impone, por lo tanto, previo a aplicar cualquier mecanismo de ‘pass through’, aprobar el mecanismo propiamente dicho, razón por la cual se realiza esta audiencia pública”.
Rodríguez destacó finalmente que “el pase a tarifa de los costos mayoristas de la electricidad dispuestos por organismos nacionales como ser la Secretaría de Energía Eléctrica y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), costos que la Dpec no puede manejar, es vital para dar sustentabilidad al servicio que presta, dado que con ello se evita su desfinanciación, dando continuidad a la ejecución del plan de obras en todo el ámbito provincial”.
El ministro también explicó que se decidió realizar en Caá Catí este cónclave “debido a que la localidad es un claro ejemplo de la importancia que tiene la reinversión de la Dpec en obras”, destacando que “en la zona se está concretando el cambio total de postes de madera por columnas de hormigón en toda la línea troncal de 33kva, que va de Itá Ibaté a Caá Catí, trabajos que una vez finalizados harán que los cortes que hoy se experimentan en la zona sea sólo un amargo recuerdo”.
Participantes
Tomaron parte y expusieron sus puntos de vista, el Defensor del Pueblo de la Provincia, César Vallejos Tressens; Hugo Luis Espriú, miembro de la Federación de Cooperativas Eléctricas que lo hizo en calidad de ciudadano, y Nelson Veas Oyarzo por la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes.
Actuó como coordinador de la Audiencia, el jefe del departamento Legal de la Dirección del Planificación y Obras (DPO), César Riveros Garcete, y por la Dpec expuso detalles técnicos y del Plan Maestro de Obras e Inversión, José María Torre, subgerente de Asuntos Regulatorios del organismo eléctrico provincial.
Tras esta audiencia pública, el próximo paso es la elaboración de un informe del área de implementación que será elevado en un plazo de 10 días, según se expresó en la convocatoria y dentro de los 30 días de recibido este informe, se procederá a adoptar la resolución final de la cuestión puesta en consulta.
Recomendaciones de la Defensoría
Vallejos Tressens presentó un documento con 10 páginas al que tuvo acceso El Litoral, en el que se solicitó que “la documentación tenga una redacción lo menos técnica posible para facilitar la comprensión de toda la ciudadanía”.
“Se debería recomendar, además, que en oportunidad de celebrarse la audiencia pública se explique de manera clara, precisa, gráfica y accesible para la comprensión de cualquier usuario, el impacto económico que tendría la medida que se quiere adoptar y que es objeto de esta convocatoria, incluso aportando a tal fin datos comparativos entre lo que se paga actualmente por un consumo residencial y/o comercial, y lo que pasaría a pagarse en caso de que se apruebe el traspaso automático de los futuros cambios en los costos de compra de energía, potencia y servicios de transporte que se pretende realizar”, se agrega en el documento.
También, se pide que “se gestionen subsidios a fin de que los efectos del ‘pass through’ no impacten en los usuarios, es decir, no trasladar a los usuarios los costos de las medidas que se adopten para paliar el tratamiento de las pérdidas”.
Solicita además que se “considere la situación de los usuarios electrodependientes por cuestiones de salud”. Otro de los pedidos de Vallejos Tressens fue que “se incluya como beneficiarios de la tarifa social a familiar directo y conviviente con discapacidad”.
El Defensor reclamó además que “se ponga en funcionamiento el Ente Provincial de Energía creado por la Ley provincial N° 6.073”.
Por último, solicitó que “se promueva ante el Poder Legislativo un proyecto de ley que exima de tributos a la actividad de distribución o provisión de energía eléctrica”.
“Se considera que como servicio público de carácter esencial como lo es la provisión de energía eléctrica, debería estar exenta del pago de tributos la actividad de distribución o provisión.
En efecto, se estima que entraña una contradicción que la prestación de un servicio público esencial, que además es desarrollado por el Estado provincial a través de un ente autárquico, sea objeto de tributación”, advirtió el Defensor. (El Litoral)
Sábado, 30 de diciembre de 2017
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