CRITICAS
Médicos locales rechazan un proyecto que pondría en riesgo la vacunación obligatoria
La iniciativa de una diputada nacionaldel PRO busca que la inmunización sea una decisión particular y no un deber de los padres y/o tutores. Afectaría a toda la comunidad.
La presentación de un proyecto de ley de la diputada de Unión PRO, Paula Urroz, que autoriza a los adultos mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, luego de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica”, provocó un debate nacional que se trasladó a la provincia. Al respecto, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Corrientes, Claudia Campias, y la jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda, mostraron su postura en contra de esta iniciativa que afectaría no sólo a la persona que no fuera inmunizada, también a toda la comunidad.
“En cuanto a la posibilidad de vacunas o no, debemos reconocer que las personas tienen derechos individuales, pero tratándose de niños también hay que decir que no siempre los padres tienen los conocimientos científicos adecuados para tomar una decisión acertada. Cuando estaba a cargo del Programa Provincial de VIH, conocíamos casos de mujeres embarazadas que eran positivas y no querían vacunarse, al no inmunizarse su hijo también lo iba a ser. En estos casos, se debía obligar a la señora en cuanto a la aplicación, si fuera necesario mediante la Justicia, para que su hijo nazca sano; si ella no quiere vacunarse es su decisión pero no puede negar una buena salud a su bebé”, dijo a El Litoral Campias.
A su vez, la funcionaria del Ministerio de Salud provincial, expresó: “En lo personal creo que es una barbaridad el proyecto. En Estados Unidos hoy hay brotes de Sarampión justamente por la falta de vacunación y hay mujeres embarazadas que se contagian y esto produce malformaciones en el niño. A simple vista, las vacunas son necesarias y evitan grandes brotes en el mundo”.
“No estoy de acuerdo con esto, no me parece coherente sobre todo porque estamos en un país reconocido a nivel mundial como uno de los mejores en cuanto al calendario de vacunación obligatorio (por la gran cantidad de vacunas, ya que incluye 20 tipos y, la obligatoriedad). No me parece que esté bien dejar a criterio del padre vacunar o no al hijo porque no solo influye en la salud del niño, también en la comunidad”, indicó a este medio gráfico, Gajo Gane.
En este sentido, ejemplificó: “El 26 de junio pasado en Italia, una niña con leucemia muere por sarampión (no pudo vacunarse por tener cáncer y su hermano le contagió). Una decisión particular impacta en la comunidad, el sarampión por ejemplo es algo masivo. Por esto no estoy de acuerdo en que la vacuna no sea obligatoria, hay que ser claros en este tema”.
Respecto a los movimientos antivacunas remarcó que “no son movimientos científicos”. “Nosotros nos basamos en estudios científicos, las vacunas son seguras. No estoy de acuerdo con estos grupos y sí a favor de la obligatoriedad de la inmunización, gracias a eso no tenemos brotes como en Estados Unidos o en Europa”, opinó.
A su vez, en relación a si hay grupos sociales que correrían más riesgo ante la decisión de un particular explicó: “Tenés de todo, hay niños muy chiquitos que tienen el sistema inmunológico inmaduro, hay otros que tienen este sistema deteriorado y personas dentro de los grupos de riesgo que tienen enfermedades crónicas como cáncer o diabetes, esto condiciona a que sean huéspedes o más susceptibles a que la enfermedad sea más grave en ellos. Las vacunas trabajan como un escudo protector”.
Proyecto
El proyecto de ley que fue presentado por la diputada Paula Urroz tiene como fin dar la autorización a mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, después de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica”.
“Las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento de los derechos al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”, afirma la iniciativa presentada en el Congreso de la Nación.
Entre los fundamentos del mismo, establece que “las vacunas contienen componentes de naturaleza tóxica (aluminio, mercurio, polisorbatos, formaldehído, etc.) y biológicos (virus y bacterias muertas o atenuadas, restos de ADN de células de cultivo humanas y animales) que conllevan un riesgo, constatado en los hechos, de muerte, enfermedad aguda o crónica de variada naturaleza, a lo que hay que añadir la modificación del patrimonio genético”.
Cabe remarcar que la sociedad científica alertó sobre los posibles motivos del proyecto de ley, al afirmar que en realidad, lo que se está buscando es ajustar el presupuesto nacional asignado al plan obligatorio de vacunación que hoy asciende a 4300 millones de pesos. Este año, transcurridos 6 meses sólo se han gastado 1200 millones, es decir el 25% del presupuesto anual. El Gobierno se ahorraría 2000 millones de pesos si el plan nacional de vacunación deja de ser obligatorio, afirman desde la comunidad médica.
(El Litoral)
Sábado, 1 de julio de 2017
.jpeg)
