Los dueños de la empresa TBA
Un grupo de víctimas de la tragedia pidió su detención
Un grupo de víctimas de la tragedia de Once exigió la detención de los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), en tanto que la fiscalía avanzó sobre las responsabilidades políticas del accidente y pidió informes al ministro de Planificación, Julio De Vido, sobre las multas aplicadas por fallas en el servicio.
En una nueva batería de pruebas, tras pedir detalles sobre la aplicación real de los subsidios en la línea Sarmiento, el fiscal Federico Delgado pidió al juez Claudio Bonadío que el ministerio de Planificación "informe, en un plazo concreto, las acciones de control efectivamente realizadas por la CNRT con respecto a TBA".
El fiscal pidió detalles sobre las acciones, "eventualmente, las desarrolladas para hacer cumplir las sanciones durante los últimos dos o tres años", y exigió que la jefatura de Gabinete "informe concretamente cuánto dinero de las arcas públicas ingresó a TBA". "Es decir, chequear a través del propio Estado o de la propia firma qué pasó con el dinero, simplemente para tener una noción certera al respecto", explicó en la presentación.
La fiscalía también pidió que la Bolsa de Valores "rectifique o ratifique" las informaciones periodísticas sobre el presunto destino financiero y especulativo que TBA habría dado a los subsidios millonarios que recibió de la cartera que dirige De Vido. Delgado recordó que el último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indicó "fallas y déficits" en las tareas comprometidas por TBA, tales como "falta de realización del mantenimiento exigido por contrato sobre el material rodante".
Precisamente, el titular de la AGN, Leandro Despouy, llevó en persona al juez Bonadío las últimas tres auditorías del organismo, de 2001, 2003 y 2008, sobre el funcionamiento de TBA y los cuestionamientos al servicio que presta. Despouy también prometió llevar esta semana el informe que el Colegio de Auditores aprobará mañana y donde se expondrá un relevamiento desde el 2009.
A punto de cumplirse una semana de la tragedia, víctimas del accidente se presentaron en el juzgado para ser querellantes en la causa que investiga el estrago doloso por la muerte de 51 personas y más de 700 heridos en la estación de Once. Se trata de tres personas, dos mujeres y un hombre, que el miércoles viajaban en el tren siniestrado y ahora buscan formar parte del expediente para designar peritos para los estudios en la formación y aportar sugerencias a la causa.
Así, a través del abogado Gregorio Dalbón las víctimas pidieron que De Vido declare como testigo "para precisar los extremos según los cuales entiende que el estado se encuentra habilitado para constituirse en parte querellante", medida a la que se opusieron.
También reclamaron la detención de los Cirigliano para que sean indagados, por entender que tenían bajo su responsabilidad el mantenimiento del ferrocarril y se advierte "prima facie, que los frenos de la formación fallaron". En tanto, desde el juzgado hicieron saber que las pericias técnicas ordenadas a dos expertos de la Universidad de Buenos Aires y otro de la Corte Suprema para esclarecer las causas del accidente no empezaron y demorarían más tiempo que las dos semanas solicitadas como plazo máximo por la presidenta Cristina Kirchner.
"La pericia no es un hecho político sino técnico que puede durar menos o más de 15 días", aclararon fuentes allegadas al magistrado, en una respuesta directa al discurso de la Presidenta, quien reclamó que como máximo demoren quince días porque la sociedad necesita una respuesta. Según esas fuentes, "entre mañana y pasado" empezarán las pericias en los restos del tren, que permanece parado en el andén 2 de la estación terminal, con la intención de analizar "el estado general de la unidad, mantenimiento y calidad de los materiales con que se ha reparado".
Además de los expertos designados por el juzgado, también intervendrán como peritos de parte la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires, la secretaría de Transporte y la defensa de Marco Antonio Córdoba, el maquinista de 28 años y único imputado en la causa.
Martes, 28 de febrero de 2012
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