Córdoba:
dirigentes sindicales denunciaron la judicialización de la protesta social
Dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza criticaron la judicialización de la protesta social que se registra en Córdoba luego de que fue allanada una de las sedes del gremio, en busca de elementos vinculados con la protesta del jueves contra la reforma previsional.
"Repudiamos esto, que no es más que la judicialización de la protesta social por parte del gobierno de (José Manuel) De la Sota, cuyas verdaderas caras son el ajuste y la represión", aseguró a Télam el subsecretario de Luz y Fuerza, Juan Urbano.
El dirigente precisó que, durante varias horas, funcionarios de la fiscalía de Instrucción "a cargo de (Gustavo) Sandoval" concretaron un allanamiento en la sede que el gremio posee en calle Deán Funes Nº 672, en la capital cordobesa.
"Dicen que buscan elementos que tenga que ver con la manifestación de la semana pasada. En ese aspecto, este gremio, como los otros, se limitó a detonar bombas de estruendo, pero todo dentro de la ley. Estamos molestos, pero le daremos una respuesta política a todo esto", destacó Urbano.
El sindicalista insistió: "el gobierno quiere dividirnos y plantear que hay sectores violentos y otros que no. Esta es una estrategia para amedrentarnos, que va dirigida contra todos. Pero el nuestro es un sindicato con mucha conciencia político-gremial. Entonces, esto nos fortalece".
Urbano subrayó que, durante el allanamiento, "revisaron cajón por cajón y rompieron cerraduras para abrir todos los armarios", razón por la que dirigentes del gremio permanecieron a la sede "como reaseguro de los bienes y pertenencias" del sindicato.
Durante la manifestación que el jueves pasado concretaron gremios estatales resultaron heridos 11 policías y 15 manifestantes, como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Los incidentes se desencadenaron luego de que una veintena de gremios planteó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 10078, que introdujo reformas en el sistema previsional provincial.
Luego de los enfrentamientos, el gobernador De la Sota responsabilizó "a los violentos por los incidentes" y pidió a los dirigentes gremiales que "ayuden a identificar a los agresores e inadaptados".
La Ley 10078 prorroga hasta febrero de 2013 el pago del aumento del 12 por ciento escalonado que se había pactado con los gremios estatales, para los haberes de los jubilados, por el lapso comprendido entre agosto y noviembre.
Domingo, 26 de agosto de 2012
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