MAURICIO MACRI
El gobierno implementa por DNU la extinción de dominio
Mauricio Macri anunció que a través de un DNU implementará la extinción de dominio, luego de que la iniciativa quedara trabada desde hace años en el Congreso por falta de acuerdo con la oposición.-Luego el ministro de Justicia, Germán Garavano, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, dieron detalles del texto.
Con la campaña a la vuelta de la esquina, el gobierno retomó la bandera de la transparencia que supo enarbolar al comienzo de su gestión cuando justamente obtuvo media sanción la ley de extinción de dominio, aquella que busca recuperar los bienes de la corrupción, el narcotráfico o las mafias y la que ahora Mauricio Macri va a materializar con un DNU, y con la que pretende por un lado salir de la encerrona interna y con la oposición que traba la iniciativa en el Parlamento y, por otro, instalar nuevamente el tema a meses de la elección como un preludio de la competencia electoral con el kirchnerismo.
Aunque se trataba de una movida estudiada desde hace al menos dos meses, su implementación sí resultó sorpresiva: hoy por la mañana se suspendió la conferencia de prensa pos reunión de gabinete -de hecho los acreditados hasta habían concurrido al Salón Norte de Casa Rosada donde iba a llevarse a cabo- y se anunció que pasadas las 14 habría un anuncio del Presidente.
Fue así que Mauricio Macri encabezó en el Salón Blanco el anuncio de la firma de un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio y permitir que el Estado a través del AABE- pueda recuperar bienes vinculados con delitos del narcotráfico, trata de personas y actos de corrupción, entre otros.
“Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga”, sostuvo el Presidente en tono de campaña. La extinción de dominio facilitará la acción del Estado para recuperar bienes vinculados con delitos de actos de corrupción, narcotráfico y del crimen organizado.
“Estamos hablando de dinero, pero también de campos, casas, barcos, autos, y hasta obras de arte que se pueden subastar y destinar a políticas publicas fundamentales para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas”, afirmó. El dato de las pinturas no pareció ingenuo: a fin de año el juez Claudio Bonadio ordenó secuestrar varios cuadros de Cristina Kirchner de su departamento de Recoleta en el marco de la causa judicial conocida como “cuadernos de las coimas”.
Luego el ministro de Justicia, Germán Garavano, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, dieron detalles del texto. El mensaje clave fue que el texto “es enteramente civil” para evitar impugnaciones porque no es potestad del Ejecutivo legislar sobre lo penal. Para resguardar el “derecho a la propiedad”, una de las críticas vertidas al proyecto original incluso desde el bloque oficialista del Senado, por caso, se requerirá “una sentencia de un juez” y el debido proceso para que su titular se defienda.
En el gobierno explicaron que “no debe mirarse el momento en que ingresaron los bienes al patrimonio, sino las normas vigentes a la fecha de presentación de la demanda, toda vez que la sentencia no produce efectos retroactivos sino que extingue el dominio (la propiedad) hacia futuro”.
Garavano, en este sentido, recalcó que “el proceso es independiente del penal y se realizará con la competencia civil y comercial federal. Pero se origina a través de un proceso penal donde hay secuestrados bienes”. Es decir, el proceso civil se inicia una vez dictada en sede penal una cautelar sobre los bienes que provendrían del delito.
De esta forma, se dará paso a una fiscalía especializada -el gobierno encomendó al procurador interino Eduardo Casal la creación de una Procuradoría para tal fin- en estos delitos que investigará si el acusado tenía capacidad económica o no para adquirir determinado bien.
Los funcionarios citaron los 800 mil dólares incautados al valijero venezolano Guido Antonini Wilson que un juez derivó a la construcción de un centro de primera infancia en Oberá. Y remarcaron que con esta legislación se agiliza y generaliza este tipo de procedimientos.
Por su parte, Bullrich sostuvo “en estos 3 años hemos decomisado $23 mil millones en drogas o campos provenientes de ilícitos, es un porcentaje mínimo. Por eso la necesidad de tener esta herramienta”.
Aunque Bullrich sostuvo, entre dudas, que la retroactividad de la extinción de dominio iba a ser de 15 años, más tarde desde Justicia aclararon que el plazo de investigación de las propiedades sospechadas sería 20 años hacia atrás.
En momentos en que el Ejecutivo intenta retomar el diálogo con Elisa Carrió, desde la Coalición Cívica celebraron la novedad: diputados como Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, o la diputada provincial Maricel Etchecoin, extitular de la CC a nivel nacional, valoraron el decreto como un gesto hacia una de las consignas históricas del partido: “recuperar lo robado”.
“Es un gesto hacia nuestro partido. Pero luego del fracaso del Senado y que la norma tuviera que volver a Diputados, se comenzó a hablar de que salga por decreto. Era algo que se venía hablando desde hace un par de meses”, explicó una calificada fuente legislativa de la CC.
En el gobierno justificaron la publicación del DNU, que este martes dará luz el Boletín Oficial, en que el proyecto de extinción de dominio estaba “trabado” en el Parlamento. Lo que omitieron decir es que el proyecto “consensuado” en 2016 en Diputados, estuvo bloqueado casi 2 años en el Senado por la oposición, por ejemplo, de Federico Pinedo que no apoyaba el texto girado en 2016 desde la Cámara baja. Por ello el titular provisional del Senado armó a las apuradas un proyecto propio que no obtuvo dictamen de mayoría y finalmente Miguel Pichetto logró imponer a fines de 2018 un texto “lavado” que devolvió la iniciativa a Diputados. Como no iba a tener tratamiento, corría riesgo de perder estado parlamentario. Ahora el DNU podrá ser revisado por la comisión bicameral aunque, una vez promulgado, no alterará su vigencia
Como se dijo, durante gran parte de 2018 Cambiemos tuvo que enfrentar internas con este proyecto: el bloque del Senado trababa la iniciativa que venía con la media sanción de Diputados porque, entre otros cuestionamientos, afectaba el derecho a la propiedad. Con el empuje de algunos funcionarios como Patricia Bullrich, Laura Alonso o el “lilito” Fernando Sánchez, el bloque decidió a fines de julio armar un dictamen propio que terminó perdiendo la batalla con el impulsado por Pichetto que, a la postre, introducía cambios estructurales y no permitía investigar bienes sospechados hacia atrás.
Martes, 22 de enero de 2019
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