JUDICIALES
Embargaron al juez Soto Dávila por $ 20 millones
Carlos Soto Dávila fue procesado como jefe de una asociación ilícita que supuestamente cobraba dinero para garantizar la impunidad de criminales. En su descargo asegura que lleva una vida acorde con su trabajo.
“No pido de usted ningún espíritu o afán corporativo para protegerme de estas falsas acusaciones, pero sepa que si permite que esta barbaridad se lleve a cabo, algún día (y más que pronto) van a tocar la puerta de muchos jueces más, y por qué no la suya”. Parafraseando el poema atribuido a Bertolt Brecht y a Martin Niemöller, Carlos Soto Dávila –el juez federal de Corrientes acusado de cobrar coimas para garantizar la impunidad de bandas narco de Itatí– se defendió ante su par de Comodoro Py, Sergio Torres, con advertencia incluida.
El descargo –al que tuvo acceso PERFIL– fue entregado en mano por el magistrado días antes que Torres dictara su procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 20 millones de pesos.
En el escrito, Soto Dávila intenta desmembrar la acusación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y los fiscales Carlos Stornelli, Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, pero antes aclara: “Jamás en mi larga trayectoria como juez, exigí, ni hice exigir un solo peso ni prebenda alguna de ningún imputado sometido a mi juzgamiento, y lo único que percibí siempre por mi tarea fue mi sueldo, y así lo demuestra la vida que llevo en una ciudad donde nos conocemos todos, donde una simple verificación patrimonial de mis bienes y mis movimientos van a hacerle entender al señor Juez a cargo de esta causa que llevo una vida acorde al trabajo que llevo y llevé con pasión y dignidad durante toda mi vida como funcionario”.
En ese sentido, menciona: “Mi casa donde vivo la compré antes de ser juez, mi auto es un VW Vento del año 2015 y mi mujer (ya jubilada de sus labores en el banco de la provincia de Corrientes) tiene un Suzuki Swift del año 2008. También un terreno en Paso de la Patria que recibí antes de entrar a la Justicia y durante el ejercicio de mi profesión. Mi único lujo que escapa a estos bienes que estoy enumerando son dos bicicletas ya que es mi pasatiempo y mi deporte mediante el cual me manejo por la ciudad donde vivo y donde todos me conocen”.
Al correntino le molesta, en particular, los motes que ha recibido en los medios de comunicación, luego de su pedido de detención, convertido en las últimas horas en prisión preventiva. “Hoy visto desde el triste lugar que me tocó en suerte, y verme y que me vean mis propios hijos, familiares y gente que me quiere y me respeta en los diarios como un ‘narcojuez’, el ‘juez piola’ o sencillamente un corrupto como me sindica el periodismo a partir de esta causa, afecta ya mi salud y ya no me importa si esto obedece a la ‘apiolada’ de algunos delincuentes, o a que el crimen organizado me quiera afuera, o que la clase política de turno o la que fuera, le interese sacarme de mi puesto para poner a alguien más funcional a determinado interés, me coloca en un lugar de violencia moral de tales características que mi ánimo está quebrado y solamente piense en proteger a mis seres queridos, cuando me encuentro con esta infamia de la que estoy siendo víctima”.
Soto Dávila, que está siendo asesorado por el abogado Gonzalo Díaz Cantón, encabezaba el ranking de jueces más denunciados en el Consejo de la Magistratura, con 12 denuncias en trámite, por distintos desmanejos, muchas de ellas, vinculadas al narcotráfico. En su defensa, el magistrado puntualiza que permanece en su cargo “de forma ininterrumpida” hace veinte años. Por esa razón, los fiscales les reprochan al juez y a sus dos secretarios que, en todo ese tiempo, no fue capaz de desbaratar las tres organizaciones que dominaban –con total impunidad– el territorio de Itatí, compuesta por integrantes de todas las fuerzas de seguridad federales, incluso de su intendente y viceintendente.
“La Procunar, en conjunto con el Juzgado Federal n° 12 y la Fiscalía Federal n° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, pudieron lograrlo a 987 kilómetros de distancia, acumulando 35 expedientes judiciales originalmente radicados en una jurisdicción ajena”, se menciona en el procesamiento. Para los investigadores, no hay otra razón que el pago de dádivas a cambio de impunidad.
"Mi ánimo está quebrado y solo pienso en proteger a mis seres queridos" Soto Dávila desliza la posibilidad de ser víctima de una conspiración –si bien no lo define con ese concepto– en la que incluye a fiscales, abogados, delincuentes y pseudoperadores.
“Si algún político quiere poner a su alfil en mi cargo, si no soy funcional a los ‘narcos’, o a algún poder organizado enquistado en mi querido país, le solicito (no como un par), sino como un simple ciudadano, que no se deje utilizar y honre su investidura como hombre de bien que sigo entiendo que lo es”.
La defensa del juez ataca, además, la declaración de los arrepentidos en la causa; como respuesta, en el procesamiento se incluye la experiencia procesal que llevó a juicio al ex titular del Juzgado Federal de Orán Carlos Reynoso. En ese caso, los expedientes –es decir, los fallos del juez– son las pruebas en su contra. Un ex gobernador aparece en las escuchas Ricardo Colombi juró como senador provincial en noviembre de 2018 con una causa en sus espaldas.
La justicia federal lo investiga por haber tratado de interrumpir un operativo antinarco de la policía de Santa Fe, en Goya. Ocurrió en diciembre de 2016, cuando Colombi gobernaba la provincia de Corrientes. El incidente provocó tensión entre ambas provincias. En Santa Fe, el enojo con el correntino era evidente.
Se preguntaban qué había motivado al mandatario a viajar 200 kilómetros para pedir la “liberación” de los testigos del procedimiento ordenado por la Justicia santafesina y ordenar la detención del jefe del operativo. La figura del ex gobernador también aparece en las escuchas obtenidas durante la investigación, tras la intervención de uno de los implicados en la causa que tramita en el juzgado de Sergio Torres.
“Si sigue bien la investigación, pueden llegar al gobernador de la provincia porque había ruido”, menciona una de las personas investigada, quien agrega: “Con el cambio de gobierno no salen más los que caen”, en referencia a los narcos que fueron apresados durante el Operativo Sapucay. Uno de los detenidos habló de “celos” y reveló que el fiscal salió con su mujer Aunque Pablo Molina y Federico Grau, los secretarios de Soto Dávila, se defendieron en su indagatoria, no lograron convencer al juez Torres y fueron procesados con prisión preventiva –fueron detenidos a principios de este mes– y embargados por 15 y 13 millones de pesos, respectivamente. En su indagatoria, Molina dijo que la declaración del arrepentido lo “sorprende por completo”.
“Tanto por los dichos, por la forma de expresarse, pero sobre todo porque lo han visto en la ciudad de Corrientes, en libertad. Quiero confirmar que conozco la identidad de esta persona”, dice antes de revelar el nombre de quien sería el testigo de identidad protegida. “Al hacerlo pone en peligro la vida de la persona”, advierten los investigadores del caso, que reprueban la actitud del funcionario judicial.
El secretario, además, dice sentirse “el pato de la boda”, es decir, pagar las consecuencias de algo de lo que es totalmente ajeno. “Nunca quise explicarlo ni comentarlo, no me parece de caballero”, menciona antes de achacar su acusación a los celos de uno de los fiscales, debido a que “tuvo una relación amorosa” con su esposa “años atrás. “A partir de una conversación que tuve yo con ella en 2016 comienza todo el periplo”, asegura. “Como no pudo lograr su cometido, y con el auxilio de sus pares, se ocuparon de trasladar la jurisdicción correntina a Buenos Aires, lucubrando toda esta ingeniería maquiavélica que hoy me acusa”, agrega.
Lunes, 24 de diciembre de 2018
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