EXPEDIENTE PARALELO A LA CAUSA DE TRATA Investigan al ex fiscal Pont por usufructo irregular de un vehículo Sospechan que usaba para cuestiones personales un rodado incautado a una organización narco. Fue procesado por explotación sexual de mujeres, señala el diario Norte en su edición del sábado. 
La Justicia Federal ahonda en una investigación al ex fiscal federal Benito Pont por el posible uso indebido de vehículos incautados a narcotraficantes durante el tiempo en que cumplió actividades al frente del Ministerio Público de la ciudad de Paso de los Libres.
Las averiguaciones son parte de un expediente iniciado en forma paralela a la denuncia en su contra por amparar actividades de trata de personas en prostíbulos de esa ciudad cuyos titulares eran sus amigos y ex socios, Ricardo Aguirre y Clelia Espada quienes, igual que él, están procesados por la explotación sexual de mujeres en esos lugares. El dato del uso indebido de bienes incautados surge de una investigación interna ordenada por la Procuración General de la Nación, en la que se agregaron declaraciones de numerarios que estaban a su cargo respecto de esta y otras supuestas irregularidades.
El ex fiscal Benito Pont y sus ex socios fueron procesados este mes junto a otros 11 consortes de causa. Luego de esto el Juzgado Federal aceptó la solicitud de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de los fiscales Aníbal Martínez y Carlos Schaefer, y resolvió remitir copias del procesamiento al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General de la Nación; con el objeto de facilitar la investigación a esos órganos de las denuncias radicadas contra el ex funcionario del Ministerio Público respecto a la supuesta utilización para cuestiones personales de vehículos incautados en causas de narcotráfico. El escrito dispone “enviar copias al Consejo de la Magistratura toda vez que ha sido puesto en conocimiento de los hechos aquí investigados en virtud de la Procuración General de la Nación el 15 de junio de 2016”. En esa fecha “se ha librado oficio a esa dependencia enviando copias de un primer informe preliminiar realizado en virtud de una auditoría realizada en la Fiscalía Federal de Paso de los Libres”.
En ese entonces se había remitido información surgida del expediente interno M 287/2016 de la Procuración General de la Nación caratulado como “Secretaría Disciplinaria Técnica y de Recursos Humanos sobre solicitud de Informes”, en el que los fiscales Carlos Schaefer y Marcelo Colombo -este último, fiscal a cargo de la Protex- informaron que promovieron una acción penal contra Benito Pont por “promoción o facilitación de la prostitución”. Dieron a conocer que en esa investigación habían hallado datos que ameritaban una investigación por parte de su accionar “por infracción a los delitos de prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En la presentación los denunciantes expresaron que la gravedad de los hechos comunicados se relaciona con la inacción del fiscal Pont al recibir información de la Comisión de Delitos, especialmente los vinculados con la trata de personas. Según la Protex, existen “dos denuncias por la actuación del doctor Pont en otros procesos judiciales, incluida la presunta utilización personal de un rodado secuestrado en una causa de narcotráfico”. Fueron estas actitudes las que obligaron a realizar una auditoría como también un relevamiento general del funcionamiento de la Fiscalía “con especial énfasis en la comprobación de la existencia de otros expedientes que puedan tener vinculación con los hechos que se investigan”.
Blindaje judicial
Según la denuncia realizada por la Protex, el rol de Benito Pont fue clave para el funcionamiento de la organización que supuestamente captaba y explotaba mujeres -suponen que también menores- en prostíbulos y moteles de Paso de los Libres. El hecho que se le endilga es la colaboración para que 12 mujeres identificadas en la causa sean ofrecidas en burdeles libreños y está sospechado de retardar deliberadamente las investigaciones que tenía bajo su instrucción y en las que estaban denunciados varios de los mencionados prostíbulos.
El pedido de investigación a su irresponsabilidad como funcionario se basa en su inacción para avanzar sobre los verdaderos responsables de la red y finalmente su declaración de incompetencia para que las causas fueran enviadas a la Justicia Provincial. Según los argumentos del Ministerio Público Fiscal, debido a que algunos imputados tenían cargos en la Justicia Federal y en las fuerzas de seguridad podían acceder a información para anticiparse a distintos allanamientos y obtener aún un mayor “blindaje” para el desarrollo del delito. Uno de los imputados en la causa es Ricardo Aguirre, ex socio de Pont, sindicado como el que explotaba el prostíbulo “Roxi” y el “Hotel Momentos”.
El hombre, a través de la influencia que tenía sobre su amigo magistrado y ex socio comercial, se aseguraba la protección judicial. También está imputada María Clelia Ramona Espada, ex socia comercial del ex fiscal, quien fue procesada por haber cumplido el rol de encargada del hotel y quien se beneficiaba económicamente de la actividad ilícita que se realizaba en ese inmueble.
Sábado, 9 de septiembre de 2017
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