HILDA PRESMAN
La responsabilidad sobre la violencia en las cárceles correntinas es política
Hilda Presman, Coordinadora de la Red Provincial de Derechos Humanos, hablo con CorrientesHoy sobre la situación de las cárceles correntinas y cuales son los factores que permanentemente contribuyen a que se generen conflictos en las Unidades Penales. “Hay una serie de problemas estructurales en el Sistema Penitenciario, situaciones persistentes, que hacen que cíclicamente aparezcan problemas como las huelgas de hambre y los motines en las cárceles. Estos problemas tienen que ver con la morosidad judicial en la resolución de la situación de los procesados, las malas condiciones de alojamiento, el hacinamiento, la violencia estructural, la corrupción, el tráfico de sustancias, etc”, explicó Presman.
“Estructuralmente, el sistema tiene estos problemas que generan situaciones conflictivas periódicamente. A su vez, cada unidad penal tiene sus particularidades. La UP 6 es la más compleja, porque allí es donde prima la situación de la morosidad judicial: en San Cayetano hay 360 privados de su libertad a la espera de una resolución judicial”, explicó.
La morosidad judicial es el factor que en la UP 6 genera la gran mayoría de los conflictos. Los privados de su libertad son aquellos que aun no tienen condena, y se encuentran esperando un debate o un fallo que los declare inocentes o culpables. Mientras tanto, esperan detenidos, algo que puede tomar meses o años sin resolución.
“Esta situación es peor que la de estar condenado. Quien está condenado sabe que tiene por delante una cantidad de años determinados de años que estará encarcelado. El que espera una resolución judicial tiene una carga de ansiedad, angustia y preocupación vinculada a su situación procesal que no la tiene el condenado que sabe cuanto le falta”, explicó Presman.
“Por otro lado, lo que ocurre en San Cayetano está mas invisibilizado, porque queda lejos, los familiares están menos presentes, al igual que los abogados. Entonces la impunidad es mayor”, observó.
“Cuando ocurre algo un la UP 1, que está en una zona céntrica, en seguida llegan los familiares y los medios a ver que ocurre, entonces, es inmediatamente visible lo que ocurre allí. Eso es diferente en la UP 6, porque queda más lejos, menos accesible, y por lo tanto más impune”, agregó.
Consultada acerca de si existe alguna diferencia de trato o en la estadía, entre los procesados que esperan resolución judicial y los condenados, Hilda Presman confirmó que no: “A los funcionarios del Servicio Penitenciario les da igual la razón del detenido. No se detiene a pensar si está esperando debate, si aun no es declarado culpable o si está condenado, el maltrato es igual con todos. Técnicamente, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se declare su culpabilidad, pero objetivamente, para el sistema penitenciario es lo mismo; dentro de la cárcel es culpable hasta que se disponga su liberación”.
Otra de las situaciones persistentes en las cárceles correntinas es el tráfico de sustancias, una situación que, según observa Presman, es imposible que se de si no existe corrupción y facilismo por parte de los agentes, a la vez que hay encubrimiento judicial.
“No hay sanciones ejemplificadotes de parte de la Justicia con los funcionarios judiciales. En 2012 falleció en San Cayetano Raúl Sánchez, quien fue golpeado por los penitenciarios hasta morir. Quedó probado que lo golpearon en la cabeza, y le provocaron un traumatismo severo encefálico que le causó la muerte. En un principio, estuvieron detenidos los culpables de esta muerte, pero hoy en día están sobreseídos”, explica.
“Si con un caso tan grave como este, que implica la pérdida de una vida humana no hay sanciones, imaginate con otras situaciones, como el tráfico de sustancias, algo que es facilitado por los mismos agentes”, agregó.
“Todas estas cuestiones se enmarcan en la violencia institucional, que tiene tres fuentes: la responsabilidad política (porque los funcionarios dependen del Poder Ejecutivo), el encubrimiento estatal de la violencia y la no resolución judicial, que no solo dilata los procesos condenatorios o absolutorios, si no que además no sanciona ejemplarmente los malos comportamientos de los penitenciarios”, finalizó.
Jueves, 17 de octubre de 2013
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