GABRIELA AROMÍ, UNA MIRADA FRONTAL A LA JUSTICIA
"Corrientes tiene uno de los sistemas procesales más atrasados del país y de Latinoamérica"
Dijo que la reforma procesal penal en la Provincia lleva una década de postergaciones. En 2012, el Senado aprobó el proyecto en forma unánime y cuando se pensaba que se convertiría en ley, la Cámara de Diputados se llamó a silencio. El proceso escrito, lento y burocrático, se asienta en la cultura del "trámite" y se plasma en la abstracción del expediente que petrifica los conflictos sociales.
Por Luis Alarcón Fotos: Félix Castillo
PARA EL LIBERTADOR
El proceso escrito, lento y burocrático, se asienta en la cultura del "trámite" y se plasma en la abstracción del expediente que petrifica los conflictos sociales.
El funcionamiento del Poder Judicial en Corrientes es siempre un tema de debate y preocupación. El hecho de que en los últimos cinco años sólo un 1,7 por ciento de los expedientes haya llegado a juicio pone de relieve que la justicia no es un valor que llegue eficientemente a todos los judiciables, es decir, los ciudadanos correntinos que la buscan.
Uno de los caminos para hacer más eficaz el trámite judicial es el de la reforma del Código de Procesamiento Penal de la Provincia. El proyecto ya lleva una década sin poder concretarse. ¿Por qué? EL LIBERTADOR se lo consultó a una de sus autoras, la juez Gabriela Aromí de Sommer.
Así se desarrolló el diálogo:
-¿Qué competencia tiene su Juzgado Correccional, doctora?
-Según el Código Procesal Penal de nuestra Provincia, el Juzgado Correccional es un tribunal de juicio, en causas por delitos con penas de hasta tres años de prisión. Por diferentes Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, también tenemos competencia en los juicios por delitos de acción privada, realizamos la instrucción en causas por delitos con penas de hasta 3 años de prisión, multa e inhabilitación y atendemos los pedidos de suspensiones de juicio derivados de los seis juzgados de instrucción de Capital.
-¿Qué otras áreas abarca?
-Los juzgados correccionales actúan también como tribunal de apelación de los fallos de los Juzgados de Faltas de Capital.
-¿Estuvo días atrás dictando un curso en Cuba?
-Di un curso en La Habana (Cuba) el año pasado, este año dicté dos cursos de capacitación para jueces, fiscales, defensores y policías en Lima (Perú).
-¿El sistema judicial en Cuba es muy distinto al nuestro?
-No, es un sistema similar. En un contexto político muy complejo, Cuba enfrenta los mismos desafíos que los demás países de Latinoamérica, buscamos consolidar procesos acusatorios, orales, transparentes, eficientes, comprensibles a los ojos de los ciudadanos.
UN PROCESO
DEMORADO
-Pero aquí en Corrientes la reforma del Código Procesal Penal viene demorada ¿no? Por qué no nos cuenta…
-La reforma procesal penal en Corrientes lleva una década de postergaciones. En el año 2004, el equipo local del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) entregó en forma gratuita al Superior Tribunal de Justicia el primer proyecto de reforma integral al Código de Procedimiento Penal (CPP), el máximo tribunal de la Provincia lo tomó como propio y lo presentó a la Legislatura, se debatió ampliamente, pero no fue sancionado. En el año 2010, varios proyectos llegaron a la Cámara de Diputados y la reforma procesal penal volvió a debatirse. En 2011, la Cámara designó a una comisión redactora y el nuevo proyecto de CPP se sancionó por unanimidad. En el Senado, a instancia del Ministerio de Gobierno, se modificaron algunos artículos referidos a la policía judicial y se sentaron las bases para la implementación del nuevo sistema procesal penal. En 2012, el Senado aprobó el proyecto en forma unánime y cuando todos pensábamos que el proyecto se convertiría en ley, la Cámara de Diputados se llamó a silencio…
-¿Usted fue una de las autoras del proyecto?
-Sí. La comisión redactora estuvo integrada por referentes de diferentes instituciones: Jorge Buompadre (vicedecano de la Facultad de Derecho de la Unne), Alejando Chaín (ministro del Superior Tribunal de Justicia), Buenaventura Duarte (vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios), Juan Ramón Alegre (Asociación de Profesores de Derecho Procesal Penal) y Gabriela Aromí (Inecip).
-¿Qué se persigue básicamente con esta reforma?
-El nuevo código busca realizar el programa constitucional, a través de un sistema moderno y eficiente que resguarde las garantías de los imputados, los derechos de las víctimas y que responda a las expectativas sociales. El nuevo modelo reemplaza la burocracia del expediente por la inmediación de las audiencias orales, en las que las partes formularán sus peticiones ante el juez, que resolverá en la misma audiencia, con palabras sencillas, accesibles a la comprensión de los ciudadanos. De este modo, pretendemos instaurar un sistema penal más transparente, más democrático…
-El proyecto fue a la Legislatura. ¿Y qué pasó?
-Simplemente no se trató… La Cámara de Diputados se llamó a silencio…
-En definitiva, no se aprobó. ¿Por qué?
-El proyecto ni siquiera fue tratado. Nadie puede explicar qué pasó realmente. Aunque muchos sostienen que no será tratado este año y que ello implicará la muerte del proyecto, algunos pocos esperamos que después de las elecciones, los representantes del pueblo de la provincia, sean capaces de superar sus diferencias políticas y comprendan la necesidad de avanzar en la construcción de un sistema penal más justo y eficaz.
-¿Hablaron con los diputados?
-Los miembros de la comisión redactora hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, pero igualmente el proyecto no fue tratado ni siquiera en comisión.
-Pero ¿sin darles ninguna razón, ningún argumento?
-Algunos dicen que no es el "momento" apropiado. Quiero aclarar que la reforma no es un "momento", es un proceso, en el que la sanción del nuevo CPP es sólo el primer paso. El nuevo sistema penal requerirá cambios profundos en la organización de las estructuras judiciales y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, tendremos que diseñar nuevos modelos de gestión y capacitar a los operadores del sistema. Este proceso llevará años, pero si no damos el primer paso, jamás avanzaremos.
La reforma ya se aplica en varias provincias
-¿Otras provincias ya hicieron la reforma?
-Varias. La mayoría de las provincias argentinas están avanzando en procesos de reforma. Lamentablemente Corrientes, que en 1971 fue uno de los puntos de referencia en el país, hoy tiene uno de los sistemas procesales más atrasados de Argentina y de Latinoamérica.
-¿Ese sistema ya no se aplica?
-El sistema mixto que nos rige ha perdido vigencia en la mayoría de las provincias y en la generalidad de los países de América Latina. La confusión de los roles de los sujetos procesales afecta la garantía de la imparcialidad y esto se manifiesta claramente cuando un juez (el juez de instrucción) investiga y valora su propia investigación. El proceso escrito, lento y burocrático, se asienta en la cultura del "trámite", se plasma en la abstracción del expediente que petrifica los conflictos sociales que ingresan al sistema penal. Este modelo costoso e ineficiente, nos aparta cada vez más de la comunidad.
-¿La reforma propuesta cambia todo ese procedimiento?
-Sí, cambia completamente, reemplaza al expediente por la audiencia, que es el escenario natural de los procesos democráticos. En la dinámica social, los conflictos penales impactan en las víctimas y en la comunidad con intensidades diferentes. Los nuevos sistemas se hacen cargo de esta realidad y aportan diversas herramientas para buscar la mejor solución del conflicto social que antecede a la imputación penal. En esta lógica, muchas causas se podrán resolver por vías alternativas (suspensión de juicio, mediación, conciliación, reparación) y los recursos del Estado se podrán invertir en investigaciones eficientes para esclarecer los hechos que impactan con más dureza en la sociedad y que deberán ser llevados a un juicio oral y público.
Números que son dramáticos
-¿Desde hace mucho se viene bregando por esta reforma en el Poder Judicial?
-Llevamos más de una década trabajando en pos de la reforma del sistema penal. Colaboré en procesos de reforma de otras provincias y en capacitaciones para la reforma en otros países, pero lamentablemente Corrientes, mi provincia, para la que puse mi mayor esfuerzo, mi mayor dedicación, sigue postergada. En el 2004 realizamos un estudio de diagnóstico del funcionamiento del sistema penal en toda la provincia. Los resultados fueron alarmantes, el Superior Tribunal nos autorizó a dar los números.
-¿Y qué resultado dio ese estudio?
-De todas las causas iniciadas en toda la Provincia, en los cinco años observados, apenas un 1,7 por ciento llegó a juicio. La gran mayoría de las causas prescriben (se extinguen por el transcurso del tiempo).
-¿Ese informe fue presentado ante los legisladores?
-Claro. Lógicamente, se asustaron ante esos números tan dramáticos. Pero después se olvidaron.
-¿Entonces? ¿Todo sigue igual?
-Lamentablemente sí.
-Y pese a esos problemas, se sigue trabajando.
-Así es, seguimos trabajando. Desde mi pequeño Juzgado, con el excelente equipo que me acompaña, tratamos de mejorar el servicio de justicia en el trabajo cotidiano. Desde la labor docente promovemos un nuevo modelo de enseñanza del Derecho, que acompañe el proceso de cambio y aporte a los futuros abogados las destrezas y habilidades que requiere la implementación de los nuevos sistemas de justicia. Desde el Inecip, con el impulso renovador de los jóvenes que se fueron sumando a nuestras luchas, seguimos trabajando para concretar la reforma procesal penal en nuestra Provincia.
Cambios que avanzan
-¿El nuevo sistema ya se implementa en provincias vecinas?
-La mayoría de las provincias han avanzado en reformas integrales o en reformas graduales. Sin ir más lejos, en nuestra región, Chaco tiene un sistema mucho más moderno, los fiscales investigan: por una reforma reciente, las fiscalías tienen un nuevo modelo de gestión, los fiscales cuentan con herramientas modernas para buscar soluciones alternativas (criterios de oportunidad, suspensión de juicio, mediación penal), tienen oficinas de asistencia a víctimas y el proceso tiene una duración limitada. En esa provincia comienzan a funcionar procesos de flagrancia, con un sistema de audiencias similar al del Plan de Oralidad que se ejecuta en Formosa y que comienza a implementarse en Misiones. Hoy el sistema penal de Corrientes es el más atrasado del NEA.
Quién es
Nació en Corrientes el 29 de enero de 1966.
Está casada con Carlos Roberto Sommer desde 1984 y tienen 4 hijos: Sebastián (27), Luciana (24), Maximiliano (22) y Lucas (17).
Es abogada, especialista en Derecho Procesal. Doctora en el Área del Derecho. Juez Correccional N° 1. Profesora Adjunta de Derecho Procesal Penal (Unne).
Capacitadora para la reforma procesal penal en Latinoamérica (Centro de Estudios de Justicia de las Américas).
Integra la Junta Directiva Nacional de Inecip.
Martes, 24 de septiembre de 2013
.jpeg)
