JUSTICIA
Piden indagar a otras dos personas por la compra del edificio de la Procuración
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó hoy la indagatoria de dos personas vinculadas a la empresa que le vendió en 2013 un edificio a la Procuración General de la Nación.-Gils Carbó y el ex subdirector en la Procuración, Guillermo Bellingi, son los principales acusados de la causa en la que también fueron procesados
El requerimiento del fiscal Taiano al juez Julián Ercolini se produjo en el marco de la causa en la que la ex procuradora Alejandra Gils Carbó se encuentra procesada por la supuesta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Gils Carbó y el ex subdirector en la Procuración, Guillermo Bellingi, son los principales acusados de la causa en la que también fueron procesados, pero como partícipes necesarios de la maniobra, distintos empresarios e intermediarios ligados a las empresas beneficiadas por la licitación.
De acuerdo a la investigación judicial, Gils Carbó y Bellingi se involucraron activamente con la licitación para que el resultado fuera la adquisición de un edificio ubicado en Perón al 600 (en el centro porteño) que por entonces estaba en manos de la empresa Arfinsa SA, del empresario Adrián González Fischer.
Por el edificio se pagaron cerca de 44 millones de pesos y Arfina pagó más de 10 millones a la agente inmobiliaria Bárbara Jaureguiberry, quien recurrió al asesoramiento de Juan Carlos Thill, familiar del entonces funcionario de la procuración Bellingi.
"Ricardo Urbano Siri, Adrián González Fischer, Roberto Daniel Martino, Rubén Otero, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill tuvieron acceso de manera anticipada a lo que sería el pliego de bases y condiciones", sostuvo Taiano al requerir, esta vez, la indagatorias de Siri y Otero, a partir de información obtenida de pericias informáticas que habían sido cuestionadas pero que fueron confirmadas por la Cámara Federal.
Según Taiano, el pliego fue facilitado por Bellingi, lo que "significó un conocimiento de información privilegiada que convirtió al proceso licitatorio en un escenario con apariencia legal sobre el que se erigió la compra, pero cuyo adjudicatario ya estaba decidido de antemano".
"Ricardo Urbano Siri es uno de los apoderados de la empresa Arfinsa", sostuvo el fiscal, tras lo cual remarcó que "el análisis del material peritado permitió establecer que antes de iniciado el trámite licitatorio de 2013, y mientras se desarrolló, en todo momento dio cuenta a González Fischer del estado de los trámites de la empresa, de la documentación reunida, etc. Es decir, lo actualizaba sobre el avance de los trámites para la adjudicación de la licitación".
"Según los correos electrónicos intercambiados por los integrantes de la empresa Arfinsa, puede observarse que González Fischer delegó parte de aquella tarea a Siri, y que tanto éste último como Martino y Otero desempeñaron un rol activo en torno al avance del trámite licitatorio", aseveró el fiscal en su escrito de 16 páginas.
Para el fiscal, Siri y Otero participaron de la "organización de las tareas en el interior de la empresa de cara al proceso licitatorio; la confección del poder de Arfinsa para participar en el mismo; y la elaboración de la carta de propuesta de asesoramiento por parte de la inmobiliaria Jaureguiberry a Arfinsa y del contrato que unió a ambas empresas".
Lunes, 11 de febrero de 2019
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