GOYA
Tras denuncias contra la gestión Bassi, allanaron la municipalidad
Cheques diferidos por cerca de 2 millones de pesos, supuesto vaciamiento de los bienes de la Comuna y el procesamiento firme del actual jefe comunal motivaron la actuación de la Justicia. La segunda ciudad, en crisis.
La causa se inició en febrero de 2015 en el Juzgado de Instrucción Nº 3 y tiene su origen en una denuncia realizada por el ciudadano,
La segunda ciudad de la provincia se vio conmocionada en la mañana de ayer, cuando efectivos de la Policía de Corrientes y funcionarios judiciales allanaron la Municipalidad de Goya tras tres denuncias en contra del actual intendente justicialista Gerardo Bassi. Las mismas fueron realizadas en la Fiscalía de Instrucción Nº 2, a cargo de Francisco Arrué, quien pidió las diligencias al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Goya.
El reclamo ante la justicia provincial fue realizada por el intendente electo de Encuentro por Corrientes (ECO) + Cambiemos, Ignacio Osella, en lo que representa una acción de la actual gestión kirchnerista de comprometer los recursos de la próxima gestión en cerca de 2 millones de pesos, realizar el vaciamiento de los bienes del Municipio y por el incumplimiento de la artículo 224º de la Constitución provincial, que pone de manifiesto que el jefe comunal no puede seguir en sus funciones con un procesamiento firme, por lo que debería haber sido suspendido en marzo, cuando quedó su procesamiento fue confirmado en una causa iniciada por el exlegislador nacional Luis María Díaz Colodrero.
La causa se inició en febrero de 2015 en el Juzgado de Instrucción Nº 3 y tiene su origen en una denuncia realizada por el ciudadano, cuando planteó ante esa Fiscalía que podrían existir irregularidades en el pago de unos $ 72.000 por parte del Municipio por servicios de catering brindados en el Batallón de Monte 12 y también por el pago al mismo por el uso de máquinas viales.
Las tres denuncias tienen relación con los allanamientos realizados ayer en Goya, y dejan a los Bassi (Gerardo y su hijo Marcos) en un nuevo escándalo bajo la sospecha de corrupción.
El mandato de Bassi finalizará el 10 de diciembre próximo, y Goya vive un proceso de vaciamiento que queda de manifiesto en el desmantelamientos de la maquinaria municipal, a la cuales les habrían robado distintas partes, como también en la emisión de los cheques diferidos a 2018 de manera totalmente arbitraria, para que el pago de las deuda que mantiene con los proveedores la pague la próxima gestión. Quizá el dato más llamativo sería el que se le librará a la empresa constructora TMC, comprometiendo los recursos de 2018 como una suerte de garantía de de que el pago se hará efectivo.
El fiscal Arrué fue quien estuvo al frente de los allanamientos, que también incluyó al galpón municipal donde se guarda la maquinaria municipal, con el apoyo del personal de la Unidad Regional III de la Policía de Corrientes.
El fiscal secuestró un expediente de orden de pago a plazos. “Hay un cheque que se emitió por parte del Municipio, contrayendo empréstitos por la suma de 1.960.000 pesos. Se firmó el 2 de junio, a pagarse en marzo de 2018”, informó el fiscal Arrué.
“Estamos tratando de averiguar los destinos de esos cheques. Para esto estamos realizando las actuaciones preliminares, para determinar cómo fue el procedimiento con esos cheques y por qué se hizo de esa forma, cuando ya está terminando el período del intendente actual”, agregó.
Un cheque de pago diferido es un tipo de cheque emitido en una fecha pero para ser cobrado en una fecha posterior. Jurídicamente, es una orden librada contra un banco por el titular de una cuenta corriente para su pago en una fecha posterior a la de emisión. Solamente que, en este caso, Bassi ya no tendrá firma ni potestad sobre los recursos de 2018, motivo por el cual es cuestionado a partir de una presentación judicial.
Por otro lado, el trasfondo de esta cuestión tiene relación con lo que plantea el artículo 224º de la Constitución provincial, que pone de relieve la suspensión que se debía haber aplicado no bien se confirmó el procesamiento en segunda instancia de Gerardo Bassi, hecho que no ocurrió.
El artículo 224º habla sobre derechos y las obligaciones que tienen el intendente, el viceintendente y los concejales. En el último párrafo deja en claro: “En los casos de procesos penales que involucren a los funcionarios comprendidos en el presente artículo, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme”.
Básicamente, aquí radica el meollo de la cuestión, y seguramente saldar esta situación irregular será el trabajo del juez de Instrucción Nº 3 Darío Ortiz, donde se tramita la causa.
Lo de Bassi no sorprende. Los cuatro años que estuvo al frente de la Comuna como jefe, su gestión se caracterizó por estar envuelta en un manto de dudas respecto de la manera en que administraron los recursos de la segunda ciudad de la provincia. De hecho, él y su hijo Marcos detentaron prácticamente solos el poder, sin olvidar que su primogénito llegó a ocupar más de una secretaría, algo totalmente irregular y por fuera de lo que refiere al decoro ético. A su vez, durante el tiempo que gobernaron Goya, la ciudad se volvió en una de las más violentas de la provincia, con escenas de balaceras entre facciones del peronismo que se disputaban el control de la comarca.
Siempre alineados al senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola y al exgobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, los Bassi fueron los fieles generales del derrotado medallista olímpico, que se caracterizó por rodearse de referentes territoriales que hoy, en su mayoría, se encuentran cuestionados por la Justicia y, en algunos casos, como este, procesados por el desmanejo de fondos.
Martes, 14 de noviembre de 2017
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