Emplazará a la Auditoría General de la Nación a completar el trámite antes de que finalice 2012
El Congreso le pone plazo a la revisión de cuentas de Papel Prensa
El Congreso de la Nación emplazará formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que, antes de que finalice 2012, lleve adelante la revisión de las cuentas de Papel Prensa. El objetivo del pedido es conocer el “verdadero estado contable de la empresa” y establecer “si, tal cual se sospecha, la empresa incurría en algún tipo de maniobras para restringir el acceso al papel a determinados medios”. Así lo explicó el diputado correntino por el Frente para la Victoria y presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, Fabián Ríos. La comisión que preside Ríos se encarga de auditar el funcionamiento de la AGN.
El objetivo es establecer si la empresa incurría en maniobras para restringir el acceso al papel a determinados medios. El Ejecutivo realizó el pedido hace casi dos años y fue cajoneado durante la vigencia del Grupo A.
El pedido, que será elevado en forma de dictamen, tomará estado público en la reunión que la Comisión llevará adelante el 9 de agosto y a la que asistirán los siete miembros del cuerpo que preside el radical Leandro Despouy. De esta manera, el oficialismo buscará que se haga efectivo el pedido que el Poder Ejecutivo impulsó hace más de un año y que fuera “cajoneado” durante el interregno del tristemente famoso Grupo A, cuando la oposición tenía mayoría en la comisión y era presidida por el radical Heriberto Martínez. “Ya tenemos el dictamen y vamos a pedir que se incorpore en el plan de acción 2012. Este es un pedido que entró hace más de un año en la comisión y nunca fue tratado. Estaba cajoneado por la anterior presidencia”, enfatizó Ríos, quien además cuestionó la demora con la que viene trabajando la AGN.
La Auditoría, que es presidida por Leandro Despouy como representante de la fuerza opositora con mayor representación parlamentaria –en este caso la Unión Cívica Radical (UCR)–, no funciona con la celeridad que exige la actividad legislativa. La AGN todavía no envió al Congreso el plan de acción 2012: la demora complica el funcionamiento del propio órgano de control, porque la planificación de trabajo de la AGN debe contar con un previo aval parlamentario.
La lentitud de la Auditoría también está despertando críticas en el bloque del radicalismo. “Tiene que quedar claro que todo lo actuado es provisorio. Nosotros tenemos que aprobar el plan de acción. Es absurdo que con más de medio año ya transcurrido vengan acá para que le aprobemos el plan de acción”, cuestionó el senador de la UCR por Mendoza Ernesto Sanz, en la última reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En similar dirección llegó la advertencia del radical jujeño Gerardo Morales. “Veremos qué hacemos con lo que han hecho hasta ahora, pero vamos a imponer los temas en los que tienen que trabajar de aquí a fin de año. Y vamos a dejar en claro que el plan de acción 2013 tiene que venir a esta comisión antes de fin de año para que lo podamos tratar”, señaló el jujeño.
Si bien los principales operadores de la UCR en la Cámara Alta sostienen que las críticas de los senadores radicales tienen como único destinatario al oficialismo –que si bien no conduce la AGN cuenta con la mayoría en el directorio de ese cuerpo– en los pasillos del Palacio Legislativo aseguran que los misiles también apuntan, en particular, a Leandro Despouy. Los cuestionamientos al titular de la AGN, en este caso, están relacionados con la propia interna radical. Las heridas por la disputa de designación de Mario Barletta al frente de la Comité Nacional, como también los recelos provocados por las idas y vueltas sobre la continuidad de Despouy al frente del organismo, aún no han cicatrizado. Todo eso se hace visible en un contexto en el que la UCR intenta mostrarse unida de cara al próximo año electoral. Una misión que, por ahora, parece compleja.
El reclamo para que la AGN investigue las maniobras realizadas desde la gerencia general de Papel Prensa para perjudicar al Estado, como accionista de la empresa, lleva ya más de un año y medio sin resolución. El primer pedido lo hizo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a través de una nota oficial enviada a Despouy en noviembre de 2010. Desde aquel pedido hasta diciembre de 2011, cuando asumieron los legisladores resultantes de la elección de octubre en la que fue reelecta Cristina, la solicitud de monitorear la administración de Papel Prensa fue dejada sin respuesta, en suspenso (“cajoneada”), por una oposición que imponía su número y controlaba la mayoría de las comisiones.
La solicitud de Moreno, en representación del Poder Ejecutivo, pedía que la AGN investigara la realización de “posibles mecanismos defraudatorios de recaudación que habría utilizado la gerencia general” de Papel Prensa. Moreno mencionó en su pedido la declaración ante la justicia de José Pirillo, ex accionista de la empresa productora de papel para diarios: en esa testimonial, Pirillo denunció la existencia de un “mecanismo de retornos en la construcción de la planta” de San Pedro. Pirillo también reveló que dentro de Papel Prensa existía un “departamento de Inteligencia” que tenía como función “reunir información sobre gastos que efectuaban jueces, fiscales y funcionarios a través de tarjetas de crédito”. Según Pirillo, los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín, La Nación y La Razón) “recibían copias de dicha información, que era depositada en sus respectivos diarios para ser utilizada cuando fuera necesario”.
Las presuntas irregularidades cometidas en la administración de Papel Prensa también fueron denunciadas por el constitucionalista Alberto González Arzac. Representante del Estado ante el consejo de vigilancia de la empresa, el abogado ratificó en un informe ante la justicia la existencia de una enorme cantidad de delitos de administración fraudulenta cometidos en Papel Prensa desde 1977 hasta la actualidad. “Desde el año 1977, a partir de un pacto de sindicación de acciones hecho entre el Grupo Clarín, La Razón y La Nación, pactaron cómo dejar afuera de toda decisión al Estado Nacional”, denunció González Arzac. El abogado además aseguró que los accionistas privados de Papel Prensa, sobre todo Clarín y La Nación, acordaron “un valor preferencial del precio del papel para esos diarios” que perjudicaba, obviamente, al resto de las publicaciones que necesitaban el mismo insumo.
Lunes, 23 de julio de 2012
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