RECITALES EN CASAS PARTICULARES
Denuncia judicial contra el ministro Ortega
Unidos por el Silencio denunció penalmente al ministro Ortega por apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público al permitir la actuación domiciliaria de bandas de cumbia
Esas actuaciones no cuentan con permiso municipal y están expresamente prohibidas por las ordenanzas vigentes, señala la Ong.
"Todos los funcionarios están obligados a cumplir las leyes tanto nacionales, como provinciales y municipales y si no lo hacen quedan incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público", informaron.
La Ong reproduce declaraciones periodísticas de Ortega diciendo que que si el Municipio no permite las actuaciones de grupos de cumbia en domicilios particulares, dado que está expresamente prohibido por el Código de Nocturnidad, "no es un problema para su ministerio, igualmente puede no solo autorizarlo, sino también diagramarlo y organizarlo de manera conjunta con los violadores de la ley".
Ortega además informó sobre un protocolo de actuación interna por el cual “los grupos deberán informar de manera formal, por nota y con 24 horas de anticipación las actuaciones previstas para el fin de semana, a fin de que la Policía de Corrientes pueda disponer de los operativos correspondientes y para que las comisarías jurisdiccionales estén al tanto de la situación que se producirá”.
Ello, dice Unidos por el Silencio, implica que obligó a las Comisarías Jurisdiccionales a violar las leyes municipales y el Código de Faltas de la provincia que en su artículo 50.
Ahí se lee que “serán sancionados con multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto hasta veinte (20) días, los que profirieren gritos, hicieren ruidos o utilizaren otros medios capaces, conforme a las circunstancias, de causar escándalo o molestias a terceros. Si dichos hechos tuvieren lugar en ocasión de rees, justas deportivas o espectáculos públicos de cualquier naturaleza, la pena será únicamente de arresto hasta treinta (30) días".
La ONg sostiene que el verdadero problema de los grupos de cumbia no son solamente los seguidores sino el volumen de la música que producen, el tipo de instrumentos que utilizan y la falta de aislación acústica en los domicilios para que el sonido no afecte a terceros.
Por todo ello Unidos por el Silencio ha denunciado penalmente al ministro ante la Fiscalía de Instrucción Nº 5 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 251 del Código penal y el de Apología del delito, artículo 209 y 213 del mismo Código.
(Momarandu)
Sábado, 9 de septiembre de 2017
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