La Ley Nacional de Educación Sexual Integral:
La salud es un derecho y la sexualidad es parte de la salud
Una encuesta para evaluar la enseñanza de la educación sexual en las escuelas de todo el país se realizó el pasado fin de semana al cumplirse 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Sobre los fines del sondeo opinó para Télam Betiana Cáceres, coordinadora del Programa de Jóvenes de la Fundación Huesped.
El objetivo de la investigación es conocer las experiencias en educación sexual de adolescentes y jóvenes que cursaron la escuela media luego de la aprobación de la normativa.
El 23 de octubre se cumplieron 10 de la promulgación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, una normativa que pone a nuestro país en un lugar de vanguardia por la existencia en sí de la ley y por la calidad de la misma. A partir de ella, se conformó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que permitió la creación de los Lineamientos Curriculares que indican los contenidos a trabajar en todos los niveles educativos de todo el país. El compromiso hacia la educación sexual también fue asumido por nuestro gobierno al suscribir en Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sin embargo, los estudiantes atraviesan las instituciones educativas habiendo tenido "una charla" en la que les advirtieron los riesgos a los que se exponen si no usan preservativo, como si un único encuentro tuviera impacto en las prácticas, como si hablar únicamente desde los riesgos contribuyera a actitudes de cuidado, como si se llegara a tiempo al trabajar con adolescentes de 16 o 17 años. Es decir, que en muchos casos la educación sexual es un "como si" y no una propuesta institucional, sostenida, continua, transversal e integral de acuerdo al espíritu de la ley.
Las organizaciones que trabajamos en el campo de los derechos sexuales y reproductivos sabemos que la ley no se implementa plenamente. Por ello, desde el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos buscamos sistematizar la información a través de una encuesta federal, disponible de manera online en cor.to/esiya. La encuesta tiene como objetivo final ofrecer datos concretos sobre el impacto en la cultura institucional de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. En este sentido, se incluyen preguntas respecto a situaciones vinculadas a orientación sexual, identidad de género y las maneras en que fueron abordadas en los distintos establecimientos educativos.
Para lograr la plena implementación de la ley es indispensable el compromiso de las autoridades gubernamentales en todos los niveles: nacional, provincial y municipal. Para garantizar que las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario adopten institucionalmente la educación sexual integral.
Si bien los gobiernos tienen una responsabilidad clave e indelegable, cada persona desde su lugar también puede contribuir a la garantía de este derecho. Quienes integran las instituciones educativas tienen la obligación de informarse, capacitarse, rever sus propias prácticas y generar propuestas para el desarrollo de la educación sexual. Las y los estudiantes, como principales beneficiarios, tienen también el derecho a exigir el cumplimiento de la ley, y junto a las familias preguntar en las instituciones educativas sobre las formas en que tienen previsto trabajar educación sexual y demandar su abordaje. La sociedad en su conjunto puede acompañar este movimiento ejerciendo así un rol ciudadano activo.
Un aspecto clave es estar informados sobre qué es la educación sexual integral, su objetivo es que las personas tomen decisiones fundamentadas sobre su salud y sexualidad, entendiendo que la sexualidad va mucho más allá de las relaciones sexuales y la genitalidad, es un proceso dinámico que integra factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Tenemos sexualidad desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y la expresamos de diferente modo en cada momento de nuestra vida, por eso es tan importante enseñar las diferencias corporales y los nombres de las partes del cuerpo en el nivel inicial como el uso del preservativo y el derecho a noviazgos sin violencia en la secundaria.
Así como reconocemos que la salud es un derecho, tenemos que reconocer que la sexualidad es parte de la salud, y por eso el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación sexual. No se trata de meterse en un ámbito que es exclusividad de las familias, sino que se trata de promover saberes y habilidades que nos permitan tomar decisiones. No es una cuestión moral y privada, es un derecho de todas y todos.
(*)Betiana Cáceres
(*) Coordinadora del Programa de Jóvenes de la Fundación Huésped. Licenciada en Psicología por la Universidad de Palermo.
Jueves, 27 de octubre de 2016
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