INÉDITO HECHO EN LA JUSTICIA FEDERAL DE CORRIENTES
El espionaje cibernético al juzgado de Libres podría tener al menos 4 años
Es el cálculo de cuando conectaron las cámaras de seguridad al servidor de la sede judicial. Aún no dimensionaron el daño causado. El Juzgado Federal de Instrucción de Paso de los Libres tendría bajo sospecha de espionaje informático al menos cuatro años, entre 2012 y 2016.
Es el período comprendido desde que se conectaron las cámaras de vigilancia de la sede tribunalicia a un servidor, que a su vez era el que estaba conectado a toda la red informática interna. Esa sería la ruta utilizada por los piratas informáticos para acceder a toda la información del juzgado que por su ubicación geográfica, sobre la costa del río Uruguay en la frontera con Brasil, está atiborrado de causas penales por narcotráfico, trata de personas y contrabando.
El pasado martes, el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, informó sobre “accesos remotos” a la sede judicial. El funcionario junto a colaboradores llegó a Libres el último lunes para una auditoría en la fiscalía federal, que está separada del juzgado por metros, en un edificio contiguo. Benito Pont, que ocupaba el cargo de fiscal, tuvo que renunciar debido a diversas denuncias que lo vinculan con una red de trata de personas y lavado de activos. La sospecha es que la causa de trata podría estar ligada a la infiltración cibernética, pero ayer se pudo precisar, según fuentes oficiales del juzgado libreño, que el monitoreo se remonta a cuatro años atrás.
Colombo incluso reveló la cantidad de filtraciones detectadas, unas 33.300 durante el tiempo que ahora está bajo sospecha.
El llamado “monitoreo remoto” cesó en febrero pasado cuando el juzgado fue cubierto con una subrogancia.
Las primeras diligencias que hará la Procuraduría es tratar de establecer justamente cómo se produjo la infiltración; por ahora la conexión del sistema de cámaras a la red judicial en el Juzgado Federal de Paso de los Libres es la principal sospecha. Las tareas de los funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) se hacen de manera independiente a la sede tribunalicia y a la fiscalía federal.
La semana que viene el servidor será enviado a Buenos Aires para ser sometido a peritajes informáticos por parte de la Gendarmería Nacional.
Cuando estalló el caso, la jueza Cristina Pozzer Penzo explicó que al tener acceso a la red interna de la sede que dirige, los perpetradores virtuales podrían cambiar el contenido de los expedientes o bien inocularlos con información falsa para que luego dañen una investigación. La magistrada federal es jueza natural de Goya, y fue nombrada en ese cargo hace varios años, pero el juzgado que fue creado por el Congreso de la Nación ni siquiera tiene sede en la segunda ciudad de la provincia.
Tras conocerse el episodio la magistrada aclaró que la posibilidad de que se modifiquen los contenidos del expediente es una sospecha. Pero aseguró que una vez que se dejó de utilizar la red interna del juzgado, “empezamos a tener éxitos con los procedimientos”, declaró a varios medios de comunicación.
El Juzgado Federal contiene una planta de personal de 40 agentes y como toda situación de la Justicia en el país, necesita más agentes y más capacitación además de recursos técnicos. En el caso de Libres quedó evidenciada la fragilidad en seguridad informática, esto será cuestión de pedidos a la Cámara Federal de Corrientes, tribunal superior al libreño.
(Informe: DIARIO NORTE CTES.)
Sábado, 4 de junio de 2016
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