FIN AL PROCESO ELECTIVO
Juraron el nuevo Defensor y sus adjuntos
César Vallejos Tressens ocupará el cargo que dejó vacante Miguel Alegre. Ayer se realizó el acto de jura que fue encabezado por el Vicegobernador. El proceso para la elección del nuevo funcionario duró dos meses y concluyó tras un amplio acuerdo político.
Cesar Vallejos Tressens juró ayer como nuevo Defensor del Pueblo. También lo hicieron sus adjuntos Juan Francisco Brambilla y Carlos Alonso. El vicegobernador Gustavo Canteros y Pedro Cassani, presidente de Diputados, encabezaron el acto protocolar.
Después de más de dos meses acéfalo, la Defensoría del Pueblo volverá a funcionar. Cesar Vallejos Tressens sucederá a Miguel Alegre, quien ocupará el cargo los últimos cinco años.
El acuerdo para designar a Vallejos Tressens implicó la designación como adjunto al dirigente de Encuentro Liberal, Carlos Alonso y a Francisco Brambilla del Partido Justicialista cercano a Rubén Pruyas.
Vallejos Tressens es un candidato que reúne condiciones técnicas y consenso político. Se lo considera alineado al radical Noel Breard, cuya esposa es la Decana de la Facultad de Derecho y Vallejos Tressens integra el Gabinete de Gestión en esa unidad académica.
Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste y en la Universidad Católica de Salta. Es Especialista en Derecho Laboral (Universidad Nacional del Litoral).
El proceso para la designación de un nuevo Defensor del Pueblo se inició en septiembre.
Fueron en total 65 los inscriptos, pero sólo 32 lograron superar el examen teórico. César Vallejos Tressens obtuvo una calificación perfecta en aquella prueba.
El Litoral había anunciado en su edición del lunes que el cargo se dirimiría entre Vallejos Tressens, Alonso y Brambilla.
Finalmente ese será el tridente que se hará cargo del área que dejó vacante Miguel Alegre, quien el 2 de septiembre agotó su quinto año de mandato.
Se vincula a Vallejos Tressens con un sector del radicalismo, aunque nunca estuvo afiliado.
Los mandatos durarán 5 años, como lo establece la Constitución y la Ley 5.888, teniendo como misión la promoción y protección de los derechos humanos e intereses de incidencia colectiva y difusos; teniendo además facultades de investigación, en todo aquello que es competencia.
(Diario El Litoral)
Sábado, 14 de noviembre de 2015
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