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Domingo 5 de Mayo de 2024

CÉSAR SOTELO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA

"El gobernador Colombi nunca llama por teléfono a ningún juez"
Se refirió a la, por momentos, problemática relación entre el poder político y el judicial. Instó a que los diputados debatan el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Aseguró que no hay nuevas denuncias de acoso laboral hacia los empleados de la Justicia.

Textos: Luis Alarcón.
Fotos: Luis Gurdiel, de la Redacción

Desde los amplios ventanales del noveno piso de la sede de los Tribunales se tiene una excelente vista de la ciudad de Corrientes, recostada sobre el majestuoso río Paraná. En una de las oficinas relativamente pequeñas desarrolla su actividad cotidiana el fiscal general de la Provincia, César Sotelo.

Allí lo visitó EL LIBERTADOR y se desarrolló el siguiente diálogo:
-¿Cómo se siente en su rol de Fiscal General? ¿No percibe que quieran "moverle el piso" desde el sector político?
-La verdad que no. Por ahí llegaron a mis oídos que en algún momento el jefe del justicialismo, Fabián Ríos, había manifestado que yo era una suerte de obstáculo. Pero fíjese una cosa: nunca aproveché mi rol en la Justicia para perseguir a ningún peronista. Si alguien podría quejarse de mí son los radicales, porque llevé hasta el fondo las investigaciones que involucraron a funcionarios del período del ex gobernador Arturo Colombi.
-Acaba de cumplir diez años al frente de la Fiscalía General. ¿Qué se hizo en ese tiempo y qué falta hacer?
-Hay muchas dependencias que se han creado en el ámbito del Ministerio Público. Por ejemplo, tres asesorías, las números 3, 4 y 5. También en 2006 creamos las fiscalías 4, 5 y 6. La idea es que coincidan con el mismo número de jueces.
-¿Y defensorías?
-También creamos defensorías en el fuero penal y civil.
-Pero hay cosas pendientes, ¿no?
-Por supuesto. Necesitamos una ley que sirva para la eficiente distribución de tareas. Y además ampliar lo que considero la vía del principal acceso a la justicia: la Defensoría de Menores, Pobres y Ausentes.
-¿Esa área está desbordada?
-Totalmente. Hay sólo dos defensoras para atender una romería de gente que se presenta cotidianamente. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero en materia de modernización legislativa y de recursos humanos venimos remando desde atrás.
-¿Han incorporado equipamiento moderno?
-A eso me refiero precisamente cuando hablo de tecnología. Hay que reconocerle al ministro (de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio) Alak los equipos de última generación que ha donado a ministerios públicos destinados a la investigación criminalística.
-¿Son equipos que maneja la Policía?
-No, en este caso los manejan nuestras propias áreas de investigación. Por ejemplo, podemos rastrear las llamadas entrantes y salientes de un teléfono de manera muy específica y detallada. Prácticamente estamos en condiciones de hacer una verdadera "autopsia" de teléfonos.
-La tarea del Ministerio Público, entonces, está muy avanzada…
-Estamos con una tecnología de 2015… pero lamentablemente con una Ley de 1971. Esta norma sólo tuvo una modificación en 1976, y así quedó desde entonces. ¡Las dictaduras militares nos dictan leyes para una Justicia democrática!
-¿Tiene críticas en su labor como Fiscal General?
-Como le dije al principio, hay algunas anécdotas. Me dijeron que hubo cuestionamientos de un tal diputado Mórtola, al que no conozco. También recuerdo un pedido de intervención federal al Poder Judicial que formuló el diputado nacional Carlos Rubín (h) en tiempos en que su padre era presidente. Pero, como le digo, son anécdotas. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo.
-Y de ese trabajo, ¿qué logros destacaría?
-Hay mucho para decir al respecto. Se me vienen a la mente diversas cosas. Por ejemplo, cuando entregamos títulos de propiedad a habitantes de Colonia Carlos Pellegrini.
-¿Es cierto que hubo allí algunas maniobras non sanctas de ventas de terrenos?
-Algo hubo. Por eso nuestra satisfacción cuando contribuimos a normalizar eso. Recuerdo también el éxito en el caso Ramoncito, con la excelente actuación de los fiscales (Gustavo) Schmidt y Alejandro Chaín (cuando aún era fiscal).

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

-La Justicia una vez más tuvo que intervenir en un conflicto político, esta vez para resolver una discusión sobre la fecha de elecciones en la Capital de Corrientes. ¿No cree que haya una excesiva judicialización de la política?
-Lamentablemente es así. Cada Poder debería resolver sus cuestiones en su propio ámbito, para que se mantenga un justo equilibrio institucional. Así, el conflicto político debería resolverse en el ámbito político. Porque más allá de las decisiones que como funcionarios judiciales debemos tomar cuando nos llegan este tipo de casos, las pasiones de afuera inevitablemente repercuten hacia adentro. Al fin de cuentas somos seres humanos y, como tales, nos cuesta mantenernos impermeables a las pasiones políticas.
-¿Es difícil el equilibrio entre justicia y política?
-Y… hay que esforzarse un poco (sonríe). No se puede negar que en algunos momentos se producen roces entre poder político y poder judicial. En determinada circunstancia de la historia reciente, por ejemplo, se buscó la cabeza de (el ministro de la Corte provincial Juan Carlos) Codello como prueba piloto para después pretender cierto manejo de la Justicia. En fin… cosas así.
-¿Esa suerte de pulseada constante es generalizada en todo el país o en Corrientes es más notoria?
-Me parece que aquí es un poco más habitual. Sin ir más lejos, en el Chaco la división institucional es más clara, aunque es cierto que el gobernador (Jorge) Capitanich tuvo en su momento un serio diferendo con el Poder Judicial.
-¿Corrientes es más conflictiva?
-Se puede decir que sí, pero no siempre. En mi experiencia personal, el gobernador (Raúl Rolando) Romero Feris era de llamar mucho por teléfono a jueces y funcionarios. En cambio un gobernador como Ricardo Colombi no lo hace nunca.
-La Justicia también tuvo que pronunciarse sobre el caso de Santa Rosa, donde por primera vez en la historia institucional de Corrientes se pondrá en práctica un plebiscito, como lo establece la Constitución provincial. ¿Qué opina?
-En este caso, si quiere le puedo dar una opinión no técnica, para que la gente lo pueda entender mejor. Lamentablemente, con escasos recursos los conflictos no aparecen, o no son tan graves. Pero el Gobierno de la Provincia aumentó la coparticipación a las comunas… Y entonces aparecieron los problemas. Usted me entiende, ¿no?

La problemática del mobbing
-Recientemente se juzgó un caso de mobbing (acoso laboral) en el Poder Judicial, separándose a una funcionaria de Paso de los Libres. ¿Hay otras denuncias de situaciones similares?
-Que yo sepa, no. Ese que usted menciona fue un caso muy triste (se refería a la fiscal Roxana Romero). No estaba en juego la honestidad ni la capacidad técnica de la doctora Romero, menos aun su idoneidad. Todo era una cuestión de organización y de relaciones con el personal. Cosa que también es muy importante para el más eficaz trabajo en equipo. En esta profesión, como en todas creo, de nada sirve el talento individual si no hay un buen equipo.
-¿El Poder Judicial capacita a jueces y funcionarios en esos temas?
-Se empezaron a hacer cursos de capacitación precisamente en temas de organización y de relación con el personal. El caso al que nos referimos le dio un gran empujón a ese tema. Se trabaja en el paradigma del equipo exitoso. Y eso implica relaciones armónicas entre todos los actores del trabajo judicial.
-Aunque no haya denuncias, ¿se supervisa la conducta de jueces y funcionarios para con el personal a su cargo?
-Hay una actividad permanente de superintendencia. Hay sumarios, a cargo del Superior Tribunal de Justicia y de la Fiscalía General.
-¿Sumarios?
-Sí, pero no hay registrado ningún caso de mobbing actualmente. Lo que hay son situaciones a resolver.

El polémico Código Procesal Penal
-Usted decía, doctor Sotelo, que hay un desfase entre recursos tecnológicos y legislación anacrónica. ¿Se refiere al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal que está parado en la Cámara de Diputados?
-Creo que esa es una deuda con la gente, antes que con los funcionarios judiciales. Son las personas las que piden un mejor servicio de justicia.
-Pero hay opiniones de juristas que cuestionan varios aspectos de ese proyecto…
-Y está bien. Son opiniones valiosas que hay que respetarlas. Pero ese es un debate que debería darse entre los diputados, no entre (los especialistas Jorge) Buompadre y (Nelson) Pessoa o entre los profesores de Derecho Penal. Ocurre que los diputados no debaten nada.
-¿Cree que no hay un debate serio entre los diputados por este tema?
-Una periodista le preguntó al Presidente de la Cámara de Diputados por qué no debatían el proyecto. Y él respondió: "Porque no hay onda". ¿Le parece que esa puede ser una respuesta de un Presidente de una Cámara de Diputados?
-Algunos dicen que el proyecto le otorga demasiado poder al fiscal…
-En el proyecto nacional de reforma de código de procedimiento penal nadie discutió el rol del fiscal en la investigación. Son otras cosas las que se discuten. ¡Pero aquí se discute eso, que es el aspecto medular de la reforma, la esencia de la sana investigación!
-¿El Código de Procedimiento Penal de la Provincia quedó muy desactualizado?
-Mire, tómese la molestia de leer el artículo 202.
(El Fiscal extrae de su biblioteca un viejo ejemplar del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, lo abre en la página correspondiente. Allí puede leerse en su primer párrafo: "El Juez de Instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su asiento…".)
-Entiendo que aquí le atribuye al juez el rol de investigador. ¿Es el mismo juez que después debe fallar en el caso?
-El mismo. ¡Esto es vetusto! Pero está vigente en Corrientes.
-Hablando de investigación, ¿cómo observa el caso Nisman? ¿Es habitual, después de tres meses, que un peritaje demore tanto en determinar si una persona se suicidó o la asesinaron?
-En mis treinta años como fiscal, he tenido que constatar muchos suicidios. Nunca los peritos demoraron más de un día en averiguarlo.

(Diario El Libertador)


Sábado, 2 de mayo de 2015
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