TRAS INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA Y LA JUSTICIA
suspenden medidas de fuerza
El Sindicato de Luz y Fuerza alegó una notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, que dictó la conciliación obligatoria. Pero la Provincia no admite la jurisdicción nacional. Vaz Torres dijo que no tolerará "extorsiones ni aprietes". Y denunció conexiones políticas entre gremialistas y dirigentes kirchneristas.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes decidió ayer suspender la medida de fuerza iniciada el lunes último, en medio de un clima de alta confrontación con el Gobierno provincial que incluso recurrió a la Policía y a la Justicia para que intervengan en el conflicto al interpretar que se configuraron posibles delitos penales.
El secretario general de Luz y Fuerza de la provincia, Ernesto Montiel, le informó anoche a EL LIBERTADOR que recibió una cédula de notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, que propicia una conciliación obligatoria. A tal efecto fueron citadas ambas partes para una reunión de conciliación para este viernes 6, a las 13, en la sede ministerial de la ciudad de Buenos Aires.
La intervención del Ministerio nacional se explica al constituirse en parte del litigio gremial la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), cuyo secretario gremial, Alfredo Romero (titular, a su vez, de Luz y Fuerza de Rosario) se encontraba ayer en la capital correntina gestionando una solución al pleito.
El interventor en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, acusó ayer a la dirigencia gremial local de practicar "extorsiones y aprietes" a los trabajadores que no se adherían al paro. Al mismo tiempo los acusó de actuar con intencionalidades políticas, lo que se interpretó como dardos teledirigidos hacia el Municipio capitalino.
Es que el intendente Fabián Ríos, cabeza visible de la oposición justicialista en la provincia, es considerado por el Gobierno provincial como una suerte de operador político entre bambalinas del Sindicato de Luz y Fuerza, cuya dirigencia estaría alineada al PJ.
En lo que hace al conflicto gremial propiamente dicho, se desató además un litigio jurisdiccional respecto a cuál es la autoridad de aplicación que debería actuar. Para el gremio es el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que el Sindicato forma parte de una Federación nacional de trabajadores; en cambio, para la Dpec la autoridad competente es la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.
ÓRGANO PARCIAL
"La Subsecretaría de Trabajo es un órgano de aplicación que si bien es legal, actúa con notoria parcialidad", comentó ayer Ernesto Montiel a este diario. "Si no, fíjese que el doctor (Marcelo) Frattini (director de Trabajo de la Provincia), estando de vacaciones viene a Corrientes para firmar el dictamen en nuestra contra, y luego retoma sus vacaciones", agregó.
Respecto de una denuncia penal que la Intervención en la Dpec presentara ayer contra el Sindicato de Luz y Fuerza y su comisión directiva, Montiel dijo no tener conocimiento. "De todas maneras, de recibir esa denuncia, a nosotros también nos asiste el derecho", dijo.
Así las cosas, la vía del diálogo pareció haberse cortado. El dirigente gremial relató que ayer se apersonaron en la sede de la Dpec en la peatonal Junín 1.240, donde una comitiva de Luz y Fuerza fue recibida por el subinterventor administrativo Alfredo Aun.
"Nos pidió que levantásemos la medida porque, según él, no estábamos legalmente constituidos. De haber sabido que nos citaba para darnos una "clase" de representación gremial, directamente ni me iba", comentó Montiel con ofuscación.
Recordó que a la medida de fuerza se había llegado por la reiterada falta de aplicación de la Ley de Seguridad e Higiene. "Comprendemos que es imposible que nos den todos los repuestos de una sola vez, pero pedimos que por lo menos los vayan entregando paulatinamente", reclamó.
"Hoy (por ayer) que llovió, por ejemplo, la gran mayoría de los trabajadores no pudo salir a la calle porque ni siquiera contamos con equipos para lluvia", señaló.
En primera persona
El interventor en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, acusó ayer a la dirigencia gremial local de practicar "extorsiones y aprietes" a los trabajadores que no se adherían al paro. Al mismo tiempo los acusó de actuar con intencionalidades políticas, lo que se interpretó como dardos teledirigidos hacia el Municipio capitalino.
"La Subsecretaría de Trabajo es un órgano de aplicación que si bien es legal, actúa con notoria parcialidad", comentó ayer Ernesto Montiel a este diario. "Si no, fíjese que el doctor (Marcelo) Frattini (director de Trabajo de la Provincia), estando de vacaciones viene a Corrientes para firmar el dictamen en nuestra contra, y luego retoma sus vacaciones", agregó.
"Con los trabajadores hay una excelente relación porque tenemos acuerdos firmados. Pero hay dirigentes que están absolutamente en contramano con la realidad. Las cosas hay que ponerlas sobre la mesa y ni los usuarios ni los trabajadores de la Dpec van a ser rehenes de actitudes patoteriles de algunos sectores", declaró el ministro Enrique Vaz Torres.
(El Libertador)
Miércoles, 4 de febrero de 2015
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